Por Andalucía y Comisiones Obreras han mantenido en el día de hoy una reunión para analizar la situación de las pensiones en Andalucía y valorar el impacto de la derogación del decreto Ómnibus, una decisión que, según ambas organizaciones, perjudica a cientos de miles de pensionistas y agrava la precariedad que ya sufren las familias trabajadoras.

El coordinador general de IU Andalucía, organización integrante de la coalición de izquierdas Por Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha manifestado que en Andalucía tenemos cerca de 1.700.000 pensionistas. No son cifras. Son nuestros padres, son nuestras madres, son nuestros abuelos y nuestras abuelas. Son quienes han levantado este país trabajando toda su vida y que tienen una pensión media en torno a 1.376 euros”.

Valero ha denunciado que “cuando el Partido Popular y Vox bloquean la revalorización de las pensiones, lo que están haciendo es que a la inmensa mayoría de los pensionistas les roben 500 euros al año, pero si hablamos de pensiones de viudedad o pensiones mínimas, son cerca de 2.000 euros anuales. Y si son pensiones mínimas, en torno a los 1.000 euros anuales, es decir, el Partido Popular y Vox le meten la mano en los bolsillos de los pensionistas”.

“Y cuando hace esto, lo que intenta vender es que hay una guerra entre jóvenes y pensionistas. Lo que viene a decir es que si subimos las pensiones, le va peor a los jóvenes. Eso es falso. La juventud tiene un problema de precariedad y un problema de acceso a la vivienda. Y los pensionistas no viven con privilegios, sobreviven como pueden. Por tanto, el Partido Popular y Vox mienten cuando venden una guerra entre generaciones. Lo que hay es un conflicto entre una minoría que está acaparando la riqueza y una mayoría social trabajadora que se ve sumida en la precariedad y a la que ahora a sus pensionistas les quieren robar parte de su pensión”.

El coordinador de IU Andalucía ha subrayado que “ante esto, la Junta de Andalucía mira para otro lado, porque no complementa la pensión como podría hacer y como están haciendo otras comunidades autónomas. Nosotros y nosotras lo tenemos claro. Hay que defender las pensiones públicas, porque eso es defender el presente y defender el futuro. Hay que defender las pensiones públicas frente a un modelo del Partido Popular y Vox que consiste en tener pensiones precarias y sistemas privados. Por eso lo tenemos claro. No hay un conflicto entre generaciones y no vamos a dar ni un paso atrás en los derechos conquistados”.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha puesto en valor la reunión mantenida con Comisiones Obreras para valorar la situación de los pensionistas en Andalucía ha subrayado la importancia de “llevar al Consejo de Ministros la revalorización de las pensiones. Es importante que el Partido Popular y Vox recapaciten sobre su voto porque de lo que estamos hablando es de empobrecer, de que las derechas no pueden tener como objetivo empobrecer a los pensionistas que han levantado nuestro país, y menos, en un momento donde la carestía de la vida es aún más cara.

Alba también ha destacado que “el Partido Popular y Moreno Bonilla están desmantelando el sistema público de dependencia en Andalucía, donde la situación de deterioro del propio sistema en los distintos recursos, véase centros de día, residencias de mayores, la ayuda a domicilio… está generando un deterioro en el sistema que da lugar a la exclusión social de una parte importante de la población, como son nuestros mayores. La falta de financiación en residencias públicas, la falta de plazas en esas residencias, la falta de trabajadoras y trabajadores en ayuda a domicilio están imposibilitando que se pueda ofrecer un recurso que es un derecho conquistado por nuestros pensionistas, por nuestros mayores, por nuestra sociedad.

Por último, Alba a incidido en que “desde Por Andalucía ponemos encima de la mesa la necesidad de la financiación de un sistema público y no ir al modelo caritativo al que nos quieren llevar el Partido Popular en Andalucía, ya que, como he dicho antes, genera exclusión”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Málaga, José Ignacio Moraleda, ha denunciado que “el decreto que ha sido derogado por el Parlamento, es un decreto que favorece a la mayoría de los trabajadores, de la ciudadanía, por lo que exigimos al Gobierno que mantenga el decreto, ya que creemos que es un decreto que hace justicia a los problemas que tiene la mayoría social en España”.

Moraleda ha incidido en que “este decreto, o el nuevo decreto que vaya a salir, tiene que mantener lo sustancial de lo que se ha derogado. Por eso entendemos que las pensiones se van a revalorizar sí o sí. Pero que entendemos que las pensiones tienen que salir fuera de lo que es el marco de discusión política. Al igual que se hizo en el Pacto de Toledo, tiene que haber un gran consenso para que las pensiones se salgan del marco político y de intereses particulares, porque al final esta bronca política a los únicos a los que beneficia es a aquellos que no se expone a nada”.

“Entendemos que lo que se ha derogado va a perjudicar en Málaga, a cerca de 300.000 pensiones tanto contributivas como no contributivas. También va a perjudicar al Ingreso Mínimo Vital, que en Málaga lo están cobrando entorno a 40.000 personas, y va a perjudicar también la reducción de la brecha de género que actualmente, en Málaga, está en torno a más de 400 euros de diferencia entre lo que cobra un hombre y lo que cobra también una mujer”, ha denunciado Moraleda.

Moraleda también ha apuntado que “en Málaga, el 62% de las pensiones no llegan al Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, en Málaga, solamente ocho municipios están cobrando más del Salario Mínimo Interprofesional. Por otro lado, hay que destacar que el conjunto de medidas que se han derogado por un lado, benefician a las pensiones, y nosotros creemos que tanto la subida de las pensiones se puede garantizar pero, al mismo tiempo se tienen que tomar medidas, como hacía este decreto, para intentar que las bases máximas de la declaración suban y que el mecanismo intergeneracional suba también, de manera que se pueda mantener el fondo de reserva”.

Por último, Moraleda ha insistido en que “creemos que el Gobierno tiene que sacar un nuevo decreto, pero que, en lo sustancial, mantenga las mismas condiciones, los mismos derechos que se mantenían en el decreto derogado”, ha zanjado.