El grupo parlamentario de Por Andalucía, coalición en la que se integra Izquierda Unida, ha defendido hoy ante los medios en Granada el registro de una ambiciosa Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento autonómico con el objetivo de rescatar y blindar el sistema de investigación biomédica de la comunidad. Esta ofensiva, encabezada por Antonio Maíllo, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, y Mari Carmen Pérez, diputada provincial de IU y coportavoz de la coalición, marca una hoja de ruta clara: exigir la aplicación del artículo 85 para garantizar la estabilización laboral de los investigadores y su integración formal en el sector público.

La iniciativa es el fruto directo de un encuentro de trabajo clave mantenido en la capital granadina con representantes de las trabajadoras y trabajadores de la Fundación de Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO). Durante la reunión se constató la necesidad apremiante de revertir una "negligencia histórica" del actual Gobierno andaluz, que ha propiciado la fragmentación y una precarización alarmante del tejido científico en la región.

El sistema andaluz de investigación, que se articula en torno a fundaciones fundamentales como FIBAO, FISEVI o FIMABIS, atraviesa actualmente una profunda crisis de modelo estructural. La salida de diversas entidades de este tipo del perímetro del sector público en el año 2023 ha agudizado una desprotección que la formación de izquierdas considera insostenible. Frente a ello, la redacción de la PNL plantea como solución innegociable la aplicación del artículo 85 como mecanismo jurídico para la consolidación de las plantillas.

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha sido tajante al valorar la crítica situación de estos profesionales: "Es absolutamente inaceptable que quienes desarrollan los tratamientos del futuro y están en la vanguardia de la lucha contra la enfermedad sobrevivan encadenando contratos precarios. No estamos pidiendo un imposible, exigimos la aplicación inmediata del artículo 85 para estabilizar a nuestros investigadores e investigadoras. No podemos permitir que el talento andaluz se vea abocado al exilio o a la precariedad por la desidia y el modelo externalizador del Gobierno de Moreno Bonilla. Para nosotros, la investigación pública es un pilar intocable, no un negocio subsidiario".

Por su parte, Mari Carmen Pérez, conocedora de primera mano de la compleja realidad que atraviesa FIBAO en Granada, ha subrayado el carácter urgente e improrrogable de la iniciativa parlamentaria. "No podemos permitir que quienes buscan la cura para enfermedades o mejoran nuestros tratamientos vivan en una situación de interinidad constante y con salarios que no corresponden a su responsabilidad técnica", ha denunciado la diputada. Asimismo, Pérez ha dejado claro que "en Granada, la investigación es un referente, pero los investigadores no pueden seguir siendo el último eslabón del sistema sanitario. Con esta PNL, Por Andalucía e Izquierda Unida ponemos pie en pared: o hay investigación pública digna, o no habrá futuro para nuestra sanidad".

Además de la estabilización laboral, la propuesta legislativa registrada por Por Andalucía incluye medidas indispensables para equiparar los derechos de todo el personal. Entre ellas destaca la exigencia de que investigadores, personal técnico y gestores perciban salarios plenamente equivalentes a los de la plantilla del SAS, además de la instauración de un sistema de carrera profesional con efectos retroactivos desde finales de 2024.

Paralelamente, la PNL busca poner fin a la incertidumbre sustituyendo el modelo vigente por una financiación nominativa garantizada desde los presupuestos de la Consejería de Salud, tomando como referencia modelos de éxito y consolidación como los del País Vasco o Cataluña. Esto debe ir acompañado, señalan, de la creación de categorías estatutarias propias para la investigación biomédica dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía.