Para el diputado de IULV-CA, Ignacio García, quien ha elaborado la propuesta,  la no contratación de los ayudantes doctores se causaría una “tremenda agresión” a la Universidad Pública.

El Parlamento de Andalucía reconoce por unanimidad la “incuestionable” aportación a las Universidades Andaluzas del personal en formación y con acreditación, especialmente en lo referente a la figura de Ayudante Doctor. Así lo expresa la Cámara andaluza con la aprobación por unanimidad de una proposición no de ley que insta a la Junta a elaborar con las universidades y los agentes sociales, dentro del marco legal y competencial de Andalucía, y de acuerdo con la LOU y la LAU, una propuesta que resuelva la situación actual del Profesorado Ayudante Doctor.

La finalidad y el compromiso manifestado por el Parlamento gira en torno a “favorecer la rentabilidad social y académica, a través de la continuidad y estabilidad del profesorado, y la renovación generacional del personal docente e investigador de las universidades de Andalucía” señala Ignacio García.

Para ello, la proposición no de ley aprobada propone facilitar la conversión de los contratados como ayudantes doctores en contratados doctores, algo que en algunas comunidades autónomas se produce de forma automática y que en Andalucía requiere de una convocatoria específica, lo que, según Ignacio García, tiene que ver con que “el Gobierno central entiende como una convocatoria extraordinaria equiparada a la creación de nuevas plazas”.

Para solventar esta cuestión, el Parlamento de Andalucía insta a las universidades andaluzas, agentes sociales y Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a “acordar y poner en marcha medidas provisionales que garanticen la continuidad del personal con acreditación y reconocimiento de méritos suficientes” hasta tanto se formula la propuesta definitiva para la “necesaria renovación generacional” del personal docente e investigador de las universidades de Andalucía.

Para el diputado de IULVCA, Ignacio García, el problema de los ayudantes doctores es consecuencia de la interpretación del Gobierno Central que a su juicio es algo que “llevaría a largo plazo a prescindir de los ayudantes doctores” y que supone “una tremenda agresión a la Universidad Pública” ya que “se la vaciaría de la formación acumulada por este profesorado, con una media de 10 a 12 años de experiencia en investigación y docencia, e impediría el necesario relevo generacional”.