IULV-CA defiende la iniciativa de impulso al Gobierno que debe examinar y caracterizar el patrimonio agrario propiedad de la Junta de Andalucía

El Parlamento andaluz ha aprobado hoy instar a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía a iniciar los trabajos de análisis y diagnóstico previstos en el programa de planificación del uso social del patrimonio agrícola.

La iniciativa, defendida por la portavoz de IULV-CA en materia agrícola, Lola Quintana, también pide a la Consejería del ramo que comience examinar y caracterizar el patrimonio agrario propiedad de la Junta de Andalucía, definiendo los criterios que permitan un aprovechamiento social viable mejor que el actual, capaz de garantizar la igualdad de oportunidades, la transparencia, la libre concurrencia y el relevo generacional. Por último, pide a la Junta encajar en el marco normativo español y europeo los tipos de incentivos a lo que se puede acceder para llevar a cabo estas iniciativas.

En Andalucía hay unas 22.000 hectáreas de tierras públicas, de las cuales alrededor de 10.000 pueden ser utilizadas con fines agrícolas, al tiempo que existen 1.037.698 parados y paradas, con una situación dramática en el entorno rural.

Son datos ofrecidos por la diputada Quintana en su intervención y con lo que ha defendido como una oportunidad el poner en cultivo estas tierras a través del desarrollo de actividades “idóneas”. Se intenta la promoción de actividades que podrían poner en uso estas tierras y crear empleo tales como la apicultura, silvicultura, ganadería, etc., tal y como ha señalado Quintana, tareas “con los que se pueden generar sinergias y permitir, con el marco legislativo adecuado, una solución al desarrollo rural y al fijación territorial, además del papel fundamental en el buen uso de los recursos naturales”.

Quintana ha advertido que “a pesar de que agentes del agronegocio plantean que solo un modelo de agricultura intensiva, deslocalizada, kilométrica, y basada en transgénicos y semillas patentadas puede acabar con el hambre en el mundo, varios informes demuestran lo contrario” y es que, según defiende IU “la soberanía alimentaria, basada en la agrodiversidad y en la agricultura familiar, campesina, y ecológica es quien realmente puede alimentar al mundo”.

Como se recordará, haciéndose eco de esta demanda, desde Izquierda Unida se ha venido solicitando la creación de un Banco Público de Tierras en Andalucía en el marco de los "planes de actuación prioritarios" y "un nuevo concepto de Reforma Agraria que garantice la soberanía alimentaria". Según se detalla en la exposición de motivos de la iniciativa aprobada hoy, se trata de “gestionar el acceso a superficie agraria que no esté en uso - o aquellas con “malos” usos-, siempre destinándola a la producción de alimentos en cantidad y calidad” y la mejora del funcionamiento de la Reserva Nacional de derechos de la Política Agraria Común (PAC) que sirva para “facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al sector, luchando contra el envejecimiento del sector”.

Entre otras cuestiones, el proyecto para IU debe contemplar el fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica “algo que nos permitiría prohibir los transgénicos en las tierras disponibles”, la comercialización agraria, el desarrollo de agricultura urbana y la creación de un instrumento de financiación propio, el llamado “Entidad de Crédito Agrícola” en Andalucía, que estará vinculada a la futura Banca Pública Andaluza. Además de la necesaria creación de un banco de insumos agrícolas y la facilitación de redes de intercambio de semillas y redes de agricultores conservadores de agrobiodiversidad que ayudarían al resto al acceso a las semillas.

La prioridad del banco de tierras es ofrecer tierras al servicio de jóvenes, cooperativas o pequeños agricultores. “Todo patrimonio público tiene que servir, en estos momentos, para crear empleo, y las tierras desiertas del IARA deben ser cedidas para cumplir con esta función social de la tierra”, ha señalado Quintana. De ese modo, Andalucía “no sólo reduciría sus niveles de desempleo garantizando el uso productivo de unas tierras con vocación agraria, sino que, además, recibiría mayor contrapartida con ingresos en concepto de seguridad social, IVA, IRP F, etcétera”.