IULV-CA defiende que se trata de un decreto necesario para el modelo tradicional de consumo y el comercio ambulante

La adaptación a la nueva legislación estatal de horarios, recurrida ante el Tribunal Constitucional, se realizará en Andalucía de la forma menos lesiva para el pequeño y mediano comerciante

El Parlamento de Andalucía ha convalidado hoy el Decreto-Ley propuesto por el Consejo de Gobierno para la modificación urgente de la legislación andaluza de comercio interior, dirigidas a preservar al máximo los intereses de las pequeñas y medianas empresas tras las últimas medidas de liberalización impuestas por el Gobierno del PP en favor de las grandes superficies.

Entre estos cambios se incluyen mejoras en la regulación del comercio ambulante y de las ferias de oportunidades y la principal modificación supone la incorporación de regulación de horarios y festivos de libre apertura que el Real Decreto-Ley de medidas de estabilidad presupuestaria, deja a las comunidades autónomas frente a liberalización total impuesta con carácter general.

Maria del Carmen Pérez, diputada de IU y portavoz en materia de Comercio en el Parlamento, ha defendido en su intervención que  el decreto ley viene a “equilibrar y a dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población” y ha denunciado que las medidas adoptadas por el PP y recurridas desde la Junta de Andalucía “vulneran claramente las competencias estatutarias propias de Andalucía”.

COMERCIO AMBULANTE

Junto con la adaptación a la nueva normativa estatal, el Decreto-Ley aprobado modifica también el texto de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía con el fin de establecer en 15 años el periodo de vigencia de las autorizaciones para el ejercicio de esta actividad lo que ha juicio de la portavoz de Comercio de IULVCA “garantiza una respuesta a las demandas del sector para acabar con las trabas para el desarrollo de esta actividad”.

La ampliación del plazo, que además podrá ser prorrogado por otro idéntico a solicitud del interesado, garantiza mayor seguridad y estabilidad a los profesionales del sector, ya que el actual (entre uno y cuatro años) generaba incertidumbre acerca de la continuidad de las licencias municipales y disparidad de duraciones entre los distintos ayuntamientos, además de no dar tiempo en muchos casos a amortizar las inversiones.