La comisión parlamentaria de Justicia e Interior debate sendos documentos de Izquierda Unida y PSOE y aprueba la propuesta de IU con los votos favorables del PSOE y la abstención del PP.

La moción aprobada esta mañana en el Parlamento de Andalucía, presentada por Izquierda Unida y consensuada con el PSOE, ha venido a mostrar el rechazo a las normas y procedimientos en los Estados de la Unión Europea y del Gobierno central con respecto a los Centros de Internamientos de Extranjeros e insta a Madrid al cierre inmediato del CIE de Algeciras e Isla de las Palomas.  

La precaria situación del centro ha sido puesta en evidencia recientemente en la memoria de la Fiscalía General del Estado alertando de la carencia de módulos que diferencien a las personas internas que están pendientes de expulsión con otras que están allí destinadas. En opinión de Izquierda Unida “no existen razones que avalen el mantenimiento de un centro como el de Algeciras ya que los problemas que presentan son de tal calado que sólo cabe su cierre inmediato”.
Lo ha denunciado en la comisión Inmaculada Nieto, parlamentaria por Cádiz, quien ha señalado que “con independencia de las consideraciones que ha puesto de relieve la Fiscalía para IU la existencia de estos centros no tienen razón de ser porque atentan contra el derecho de libertad de los ciudadanos extranjeros por cometer una mera falta administrativa”. La parlamentaria por Cádiz ha informado también de que el gasto que supone este centro le sitúa como el más costoso del país, con un presupuesto de mantenimiento en 1,5 millones de euros, según la respuesta del Gobierno central a la pregunta formulada por La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados.
El grupo parlamentario de Izquierda Unida ha lamentado la abstención del PP en esta cuestión que “sí ha apoyado el cierre del CIE de Capuchinos de Málaga”, clausurado este mismo año “tras una larga lista de denuncias públicas sobre su mala situación”, ha recalcado Inmaculada Nieto.
Los problemas resaltados por la Fiscalía en su memoria se suman a los que vienen denunciando ONGs, organismos internacionales, colectivos sociales, periodistas, instituciones como la Oficina del Defensor del Pueblo o fuerzas políticas como Izquierda Unida que han señalado en numerosas ocasiones que estos centros no cumplen con los requisitos mínimos que garanticen la estancia digna de las personas en ellos retenidas.