El no del Partido Popular, VOX y Junts a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es una muestra clara del modelo de país que defiende la derecha y la extrema derecha: uno donde los derechos laborales se subordinan a los intereses de la patronal, y donde la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social queda relegada frente a los beneficios de unos pocos. 

Esta propuesta no era una ocurrencia caída del cielo, sino el fruto de una negociación con los sindicatos, una medida con amplio respaldo social y evidencia internacional sobre sus beneficios: mejora la productividad, reduce el estrés, facilita la conciliación y, lo más importante, dignifica el tiempo de vida. Pero para la derecha, todo avance social es una amenaza al orden económico que protege a quienes ya lo tienen todo. Su voto en contra revela una concepción profundamente clasista del trabajo y de la política.

A esto se le añade que no se puede ignorar que esta reforma tenía un marcado componente de justicia de género. La reducción de jornada habría beneficiado especialmente a las mujeres, que siguen asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidados. Negarse a facilitar la conciliación es condenarnos a seguir soportando una carga desigual. Pero eso no parece importar a quienes legislan desde la distancia, sin haber pasado por los márgenes de la precariedad ni conocer lo que es vivir de nómina en nómina.

Porque esa es otra realidad incómoda: buena parte de quienes hoy bloquean este avance jamás han trabajado fuera de la política. Hablan de esfuerzo desde la moqueta, de sacrificios que nunca han hecho. Su único mérito ha sido representar a los poderosos, no a quienes madrugan para sostener este país.

El bloque reaccionario ha vuelto a retratarse. Frente a quienes queremos un país más justo, más equilibrado y más humano, ellos se alinean con los de siempre. No es una sorpresa. Pero sí es un recordatorio: solo con mayorías progresistas se conquistarán los derechos que aún nos deben.