“La situación que vive Málaga en lo relativo al precio de vivienda requiere de medidas valientes y que pongan al Ayuntamiento, y al resto de administraciones, en el centro de la promoción de vivienda pública y en la aplicación de otras medidas que venimos reivindicando como la declaración de Málaga como zona tensionada, lo que permitiría rebajar el precio de la vivienda en alquiler”

La portavoz adjunta de Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, defenderá una moción en el pleno del próximo jueves, 25 de septiembre, para “impulsar la puesta a disposición inmediata de viviendas en régimen de alquiler asequible y para eliminar las viviendas de uso turístico ilegales en Málaga capital”.

Morillas ha señalado que “han tenido que transcurrir nueve meses para que recibamos respuesta a una pregunta que hacíamos en el mes de enero y que es básica para entender cuál ha sido la política de vivienda del Partido Popular todos estos años. Una pregunta relativa al grado de ejecución de la reserva de suelo destinada a vivienda protegida en el Plan General de Ordenación Urbana de 2011 y cuya respuesta muestra un dato absolutamente asombroso, y es que durante estos quince años, el alcalde solo se ha ejecutado un 33% de esta reserva de suelo”.

La portavoz adjunta de la coalición de izquierdas señala que “si miramos los datos, la previsión era de promoción de más 17.000 viviendas protegidas. Si restamos las que actualmente están tramitándose, de lo que hablamos es de que en ese cerca del 70% que está sin ejecutar, se podrían promover más de 16.000 viviendas protegidas en la ciudad de Málaga que vendrían a atender una demanda fundamental que tienen los malagueños y las malagueñas que no pueden afrontar los prohibitivos precios de la vivienda que hay en Málaga. Por tanto, el alcalde ha estado en una posición de inacción absoluta, negando la realidad y la situación de emergencia que vive la ciudad”.

Morillas considera que “el alcalde llega tarde con la promoción de vivienda protegida como también llegó tarde en lo relativo a los pisos turísticos. El Gobierno de España ha requerido a la Junta de Andalucía que cancele las más de 1.400 viviendas turísticas se que encuentran en fraude de ley en la ciudad de Málaga, sin embargo, vemos como el Partido Popular, Moreno Bonilla de la mano del señor De la Torre, se niegan a cancelar estas viviendas, volviendo a sacarse de la manga el manido discurso de turismofobia a quienes pedimos la cancelación de estas viviendas que se encuentran en fraude de ley”.

“La situación que vive Málaga en lo relativo al precio de vivienda requiere de medidas valientes y que pongan al Ayuntamiento, y al resto de administraciones, en el centro de la promoción de vivienda pública y en la aplicación de otras medidas que venimos reivindicando como la declaración de Málaga como zona tensionada, lo que permitiría rebajar el precio de la vivienda en alquiler”, subraya Morillas.

Por último, Morillas ha recordado que “el Ayuntamiento no hace los deberes y, además, cuando hace unos meses, cuando el equipo de gobierno, con los votos del resto de grupos de la oposición, siendo nuestro grupo el único que se opuso, aprobó el plan de los minipisos, argumentó que había falta de suelo y que, por tanto, era necesario cambiar el uso de suelos que estaban destinados a equipamientos sociales para destinarlos a la promoción de minipisos. Hoy sabemos que mintieron, no era un problema de suelo, lo único que tenían que hacer era ejecutar la reserva de suelo que hay prevista en el PGOU para vivienda protegida. Se podrían haber promovido en la ciudad de Málaga más de 16.000 viviendas protegidas”, concluye Morillas.

En la moción que presentará el grupo municipal Con Málaga al próximo Pleno se instará al Ayuntamiento de Málaga a que asuma medidas como impulsar la promoción pública de viviendas protegidas el régimen de alquiler, la declaración de Málaga como zona tensionada, iniciar los trámites para la cancelación de viviendas de uso turístico (VUT) irregulares, crear un programa de ayudas directas al alquiler para jóvenes y familias vulnerables, presentar un balance público y verificable sobre el estado del parque de vivienda pública, los desahucios y la evolución de precios entre otras.