Morillas: “Los plazos reales apenas cambian para la mayoría de los expedientes, pero sí se crea un sistema de doble velocidad: uno rápido, privilegiado y hecho a medida para grandes promotoras, constructoras y fondos de inversión, y otro lento, burocrático y lleno de obstáculos para los pequeños proyectos que afectan al día a día de los barrios y de la ciudadanía”

Con Málaga denuncia que la nueva ordenanza de licencias es un nuevo paso hacia la privatización de un servicio público esencial para ponerlo al servicio de grandes promotores y fondos de inversión.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Con Málaga, Antonia Morillas, ha denunciado hoy la entrada en vigor de la nueva Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, calificándola como “un paso gravísimo hacia la privatización encubierta del urbanismo en Málaga y una cesión inaceptable de funciones públicas a intereses privados”

Según Con Málaga, la nueva ordenanza, aprobada por el equipo de gobierno del Partido Popular, no responde a una verdadera voluntad de mejorar la gestión urbanística ni de agilizar los trámites para la ciudadanía, sino que “abre de par en par la puerta a la externalización de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), debilitando el control público y colocando la planificación de la ciudad en manos de entidades privadas”.

“La excusa de la agilidad administrativa no se sostiene”, ha afirmado Morillas. “Los plazos reales apenas cambian para la mayoría de los expedientes, pero sí se crea un sistema de doble velocidad: uno rápido, privilegiado y hecho a medida para grandes promotoras, constructoras y fondos de inversión, y otro lento, burocrático y lleno de obstáculos para los pequeños proyectos que afectan al día a día de los barrios y de la ciudadanía”.

Desde Con Málaga alertan de que la ordenanza consolida un modelo profundamente injusto y arbitrario, al permitir que determinados expedientes sean adelantados de forma discrecional, rompiendo el principio de igualdad y seguridad jurídica. “Se pretende legalizar prácticas opacas que ya se venían produciendo, donde quien tiene más recursos económicos o más capacidad de presión consigue que sus proyectos pasen delante del resto”, ha señalado la portavoz adjunta.

El grupo municipal considera especialmente grave que se deleguen funciones esenciales de control, inspección y verificación urbanística en entidades colaboradoras privadas. “Estamos hablando de un servicio público clave para proteger el interés general, el patrimonio histórico, el medio ambiente y la calidad de vida en la ciudad. Externalizar estas funciones supone un conflicto de intereses evidente y una renuncia del Ayuntamiento a ejercer sus propias competencias”, ha subrayado Morillas.

Con Málaga denuncia además la incoherencia del equipo de gobierno, que presume de agilizar licencias mientras mantiene completamente colapsada la disciplina urbanística. “Hay miles de expedientes de infracciones urbanísticas sin resolver y solo tres inspectores para toda la ciudad, los mismos que hace más de una década. No hay prisa cuando se trata de perseguir ilegalidades, pero sí cuando se trata de facilitar macroproyectos privados”, ha criticado.

Para el grupo municipal, el problema de la GMU no es técnico, sino político. “La lentitud en la tramitación responde a una mala planificación de los recursos humanos, a procedimientos obsoletos y a la falta de una apuesta real por la modernización y la digitalización. En lugar de reforzar lo público, el alcalde opta por boicotearlo y entregarlo al mercado”, ha afirmado Morillas.

“La Gerencia Municipal de Urbanismo no puede convertirse en una oficina al servicio de lobbies inmobiliarios”, ha insistido la portavoz adjunta. “Debe ser un instrumento al servicio de la ciudad, de la vivienda digna, de la protección del patrimonio y del interés general, no un negocio de pago para quien pueda permitírselo”.

Desde Con Málaga advierten de que, si esta ordenanza se consolida, supondrá “un retroceso democrático, una pérdida de control público y una mayor indefensión para la ciudadanía”. Por ello, el grupo municipal ha reiterado su rechazo frontal a la norma y exige su retirada para abrir un nuevo proceso que garantice una gestión urbanística transparente, equitativa y plenamente pública.

“El urbanismo no puede gobernarse desde la lógica del beneficio privado. Málaga no está en venta”, ha concluido Morillas.