La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado que el equipo de gobierno del PP está promoviendo viviendas protegidas con criterios “clasistas y elitistas”, al exigir ingresos superiores a 2.100 euros mensuales para acceder a nuevas promociones impulsadas junto al fondo de inversión Lagoon Living. Morillas alerta de que este modelo deja fuera a la mayoría de familias trabajadoras y a quienes tienen necesidad urgente de vivienda, pese a que más de 60 hogares continúan esperando una solución habitacional en la ciudad.

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado en el día de hoy que “el Partido Popular y el alcalde Paco de la Torre están implantando el modelo Ayuso de la vivienda protegida en Málaga. Es una política absolutamente clasista y elitista que, en un contexto en el que los datos más recientes de que disponemos apuntan a que hay familias que tienen una necesidad urgente de vivienda y están en una lista de espera del Instituto Municipal de la Vivienda, el Ayuntamiento de Málaga saque una promoción de vivienda protegida en colaboración con el Fondo de Inversión Lagoon Living, al que no podrán acceder aquellas personas que cobren menos de 2.100 euros”.

Morillas ha tachado esta política de “absolutamente clasista e indecente que, cuando en la ciudad de Málaga, el salario bruto anual de los trabajadores y trabajadoras se sitúa en los 22.000 euros, es decir, en torno a unos 1.500 euros al mes, el criterio que se establezca sea que si no cobra más de 2.100 euros al mes no puede acceder a una vivienda protegida”.

Para la portavoz adjunta de Con Málaga, “esto implica que estas viviendas protegidas se destinan a renta alta, a renta que superan los 4.000 euros y que pueden alcanzar los 71.000 euros brutos cuando la realidad de los salarios medios en la ciudad de Málaga está muy por debajo, es decir, la mayoría de los malagueños están excluidos de esta promoción de viviendas protegidas que, en esta primera partida es de 62 VPO, pero que según el convenio que tiene el Ayuntamiento de Málaga con el Fondo de Inversión Lagoon Living, será de 530 viviendas protegidas en el sector de universidad”.

“Hablamos de que habrá 530 viviendas protegidas a las que las familias trabajadoras malagueñas y las familias que tienen una necesidad urgente de acceso a la vivienda no van a tener derecho acceso. Es el modelo Ayuso”, ha denunciado.

Morillas ha exigido al alcalde que rectifique de manera urgente ya que “la vivienda protegida debe estar para poner a disposición viviendas a precios asequibles para las familias que peor lo están pasando. No puede ser que cuando un joven ni siquiera puede pagarse una habitación en la ciudad de Málaga, las viviendas protegidas del Ayuntamiento de Málaga se dirijan a las rentas altas y excluyen a las renta bajas y a las familias trabajadoras”.

Así mismo, la portavoz adjunta ha insistido en que “los datos más recientes que tenemos del Ayuntamiento de Málaga, del mes de junio de 2025, señalan que hay 65 familias con situación urgente de necesidad de vivienda que están en lista de espera entre ellas, cinco víctimas de violencia de género. Estas familias no van a poder acceder a estas viviendas protegidas”.

“Además, en el último año, el Ayuntamiento de Málaga solo ha entregado dos viviendas protegidas. Por tanto, estamos ante una política de vivienda absolutamente errática, ante una política de vivienda que es elitista, que es clasista y que no atiende la situación de emergencia habitacional, porque en el momento en el que el criterio de adjudicación es el orden de llegada y no la necesidad social, estamos ante una injusticia terrible”.

Morillas ha reiterado su exigencia de que el alcalde retire el modelo Ayuso de vivienda protegida en la ciudad de Málaga y ha defendido que “lo que toca es que el IMV se ponga a promover vivienda pública a precios asequibles de manera directa, ya que la colaboración público-privada lo único que permite es engordar el negocio de los fondos de inversión, como Lagoon Living que tiene un convenio que va a durar por 75 años”

Por último, Morillas ha manifestado que “es necesario cambiar radicalmente los criterios de adjudicación. Tienen que ser preferentemente adjudicatarias las rentas bajas de la ciudad de Málaga y atender la necesidad social que hay No puede ser que en el momento de peor emergencia habitacional que viva nuestra ciudad, esta sea la política del Partido Popular. Y es que la política de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, que estableció que los ingresos superiores a los 53.000 euros anuales podían ser beneficiarios de vivienda protegida está siendo la clave para este modelo que nos parece insostenible y que atenta contra el principio básico de que las viviendas protegidas deben de ser viviendas asequibles y tienen que estar para atender las necesidades de las rentas más bajas y de las familias trabajadoras malagueñas”.