IULV-CA denuncia que la modificación de la Ley del Deporte invade las competencias autonómicas ya que según el Estatuto de Autonomía “corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de deportes y de actividades de tiempo libre”

Maria Carmen Pérez, portavoz de IULV-CA para asuntos de cultura y deporte, ha denunciado esta tarde durante la sesión plenaria en el Parlamento, que la modificación del artículo 32.4 de la Ley 10/1990 del Deporte de España a raíz de la aprobación del Consejo de Ministros del Anteproyecto Ley de racionalización del Sector Público, colisiona las competencias de Andalucía en materia de deporte. Según indicó Pérez en su intervención en la Cámara, esta política sigue la línea del Partido Popular de la “recentralización del Estado” al igual que lo lleva a cabo con la reforma de Administración Local.

Por otro lado, la licencia única, según Pérez, “se carga el deporte de base por eliminar las licencias autonómicas las cuales son las que acogían las federaciones autonómicas para competir en las Comunidades autonómicas” y rompe con el “carácter voluntario intrínseco a la libertad de asociación” ya que obliga a la “obtención de una licencia federativa que sin duda asiste a los deportistas, al establecer la obligación “legal” de federarse, quieran o no, en el ámbito estatal”.

Para la diputada de IULV-CA esta ley contraviene el derecho fundamental de asociación ya que “las entidades deportivas no son entidades de Derecho Público, sino entidades o asociaciones privadas -tal y como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional- que únicamente cuentan con la peculiaridad de dar cumplimiento a funciones públicas delegadas”.

Maria Carmen Pérez considera que “de nuevo el Partido Popular persiste en su afán de acabar con todo por sistema sin tener la opinión de nadie” haciendo referencia a que no ha llevado a cabo ninguna reunión con las Federaciones Deportivas Territoriales ni con los colectivos de deportistas, clubes, entrenadores y árbitros, “quebrantando el actual modelo deportivo”.

Pérez hace alusión a que la norma se justifica en que permitirá eliminar duplicidades y reducir los trámites necesarios para la práctica administrativa, pero que “no hace referencia en la ley de cómo se hará, cuánto abaratará, y como mejorará la competición”.

La parlamentaria recuerda que la Directora General del Consejo Superior de Deportes planteó en la reunión mantenida  con los representantes federativos el pasado 7 de marzo que esta medida lo dejaba “todo igual”, y que sólo pretendía “encubrir la reducción de un 50% en las subvenciones que las federaciones recibían a cargo de los Presupuestos generales del Estado”.