El portavoz parlamentario de IU Andalucía reitera la necesidad de abordar una reforma fiscal y de derogar el 135

El portavoz parlamentario de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha aesgurado hoy que “estamos de enhorabuena en el Parlamento” porque el acuerdo de financiación que se votará mañana en la Cámara es “solidario y tiene esa visión federal que abraza a otras comunidades y que no practica el frentismo”.

Maíllo ha recordado que IU Andalucía, desde el principio, ha defendido que fuese el Parlamento quien abordara el debate de financiación y ha asegurado que las conclusiones del grupo de trabajo son bastantes buenas. Para Maíllo, “es el inicio de un camino muy importante, porque hemos partido de un modelo de financiación que se ha evidenciado insuficiente” tanto desde el punto de vista de la nivelación vertical, es decir, entre los diferentes niveles de la administración, como desde la nivelación horizontal, es decir, la garantía de igual financiación a los diferentes territorios.

En su intervención en el debate final sobre el modelo de financiación, el portavoz parlamentario de IU ha declarado que ni el modelo centralista de nuestro país ni el modelo confederal garantizan la igualdad, ya que “una igualdad de servicios, territorios y derechos de financiación a los independientemente de donde vivan se garantiza desde una visión federal”.

Para el portavoz parlamentario de IU este documento sitúa a Andalucía “en un espacio necesario en este país, el de abrir fisura a un frentismo que no conviene a nadie”. En este sentido, Maíllo ha asegurado que “el federalismo tiene que ver con un modelo que pone la equidad como principal argumento, que apuesta por una nivelación de todos los servicios públicos, no sólo de los fundamentales, y que se basa en el coste de los servicios para establecer la financiación”. La garantización de esta equidad, según Maíllo, es incompatible con el principio de status quo y el principio de ordinalidad.

Maíllo ha indicado que con este modelo “nos atrevemos a darle cifra al coste de los servicios para atrevernos a hablar de más corresponsabilidad fiscal”. El portavoz parlamentario de IU ha señalado la “apuesta por una nueva reasignación de recursos entre los tres niveles de la administración” y el rechazo al copago, ya sea sanitario, educativo o de servicios sociales.

El portavoz parlamentario de IU Andalucía ha asegurado que “hay que destacar la osadia en el documento relativa a establecer un referente de gasto por PIB en servicios públicos fundamentales: 7% en sanidad, 5% en educación, 2% en servicios sociales y, sobre esa clave del coste de los servicios, el criterio de población ajustada”.

En este sentido, Maíllo ha catalogado de “riguroso” el documento, el cual “establece con claridad el posicionamiento del Parlamento y que define un modelo de financiación que no se plantea solamente desde la perspectiva de Andalucía, si no que hay solidaridad y grandeza política”, ya que tiene en cuenta los criterios y necesidades de otras comunidades.

En la última parte de su intervención, Maíllo ha recordado los dos votos particulares de IU: la reforma fiscal y la derogación del 135. Para Maíllo, “la reforma fiscal es simplemente una lucha contra el fraude y la economía sumergida”, lo cual supondrían, sólo el primero de ellos, una posibilidad de recaudación de 15 mil millones de euros, en un país que se sitúa en recaudación 7 puntos por debajo de la media europea. “El problema”, ha dicho Maíllo, “es que las grandes fortunas no pagan lo que tienen que pagar y en ese foco debemos centrar la posibilidad de financiación del sistema”.

En última instancia, el portavoz parlamentario de IU Andalucía ha indicado que “si hay un artículo que ha hecho daño en nuestro país es la reforma del 135, que ha generado tragedia social y ha constreñido la capacidad de gasto y debilitado al Estado”. Por esto, ha recordado Maíllo, IU plantea su derogación y sustitución por una ley de equilibrio presupuestario y suficiencia financiera, “necesario para que las corporaciones locales desarrollen una política más expansiva que satisfaga la capacidad de invertir los superávit que se han producido, sobre todo, en los ayuntamientos”.