El reciente escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía ha dejado al descubierto una herida profunda en el sistema sanitario público: la negligencia institucional y el abandono de la salud de las mujeres. Más de dos mil andaluzas se han visto afectadas por retrasos graves en los diagnósticos. Algunas no fueron informadas de resultados dudosos durante más de un año; otras sufrieron intervenciones más invasivas de lo necesario. En muchos casos, los errores no fueron fruto del azar, sino de un sistema que lleva tiempo desangrándose entre recortes, falta de personal y desinterés político.

Este no es un fallo técnico: es una consecuencia directa del deterioro de la sanidad pública. Falta de radiólogos, protocolos obsoletos, falta de transparencia… una estructura que ya no garantiza el derecho fundamental a la salud. Y cuando la sanidad falla, las mujeres son las primeras en pagar el precio. Porque la salud femenina - la reproductiva, la mamaria, la ginecológica - dependecasi por completo de lo público. Y lo público se está desmoronando.

El caso de El Puerto es el espejo de ese desmantelamiento. Los cierres vespertinos de centros de salud como Ángel Salvatierra o Casa del Mar, o las urgencias sin médico en Pinillo Chico, son decisiones que dejan barrios enteros desprotegidos. Mientras tanto, desde el Gobierno andaluz del Partido Popular se multiplican las excusas: “falta de personal”, “ajustes temporales”, “verano complicado”. Pero la realidad es que el abandono se ha convertido en política.

Detrás de cada centro cerrado hay mujeres que no pueden desplazarse, que cuidan solas, que trabajan en precario y que necesitan una atención sanitaria accesible. La sanidad pública es su red de seguridad, y cuando se recorta, no solo se limita su derecho a la salud: se les empuja al silencio, a la resignación, a la vulnerabilidad. Los retrasos en cribados o los cierres en atención primaria son violencia institucional, aunque se disfracen de gestión.

El pasotismo del PP frente a esta crisis es inaceptable. No basta con dimisiones o promesas vacías: hace falta una política valiente que ponga la vida en el centro. Porque reclamar no es rabia, es justicia. La sanidad pública debe ser un pacto social y feminista que garantice dignidad, cuidados y salud para todas. Porque cuando la indiferencia se institucionaliza, la desigualdad se convierte en política de Estado.