• El rechazo a un Plan Provincial de Riesgos y a un fondo extraordinario de ayudas deja en situación de vulnerabilidad crítica a decenas de infraestructuras.

La Diputación Provincial de Granada ha decidido hoy desestimar dos iniciativas fundamentales para la seguridad ciudadana y la estabilidad de las infraestructuras rurales presentadas por la diputada de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez. A pesar de la evidencia técnica y la urgencia climática que atraviesa el territorio, el Pleno ha rechazado la puesta en marcha de un programa extraordinario de financiación para reparar daños por temporales y la creación de un ambicioso Plan Provincial de Ordenación de Riesgos (PPOR).

La primera de las mociones defendidas por Izquierda Unida buscaba dar respuesta a los graves daños ocasionados por las recientes borrascas Kristin y Joseph, que situaron a gran parte de los municipios granadinos bajo alertas naranja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora y alertas amarillas por lluvias intensas.

La propuesta de IU planteaba una solución de sentido común: la creación de un Programa Extraordinario de Actuación y Reparación. Esta medida pretendía dotar a los ayuntamientos de recursos para arreglar caminos públicos y edificios municipales que han sufrido desperfectos de diversa consideración. Mari Carmen Pérez, diputada de Izquierda Unida y coportavoz de Por Andalucía ha subrayado que estos caminos rurales son "infraestructuras esenciales que garantizan el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, sosteniendo la actividad económica del medio rural”.

El rechazo a esta financiación extraordinaria y a la simplificación de los procedimientos administrativos solicitada por Izquierda Unida supone, en la práctica, abandonar a los municipios de menos de 20.000 habitantes a su suerte, obligándoles a asumir reparaciones que exceden sus capacidades técnicas y económicas.

Más alarmante si cabe ha sido el rechazo a la segunda iniciativa: la creación del Plan Provincial de Ordenación de Riesgos (PPOR). Izquierda Unida ha presentado datos demoledores extraídos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que confirman que decenas de edificios públicos en la provincia —incluyendo 23 colegios y 5 residencias de mayores— se encuentran en zonas con riesgo de inundación "Grave" o "Muy Grave".

La propuesta de Izquierda Unida buscaba pasar de la "negligencia histórica" a una respuesta estructural y preventiva. El plan rechazado se articulaba en tres ejes de vanguardia: el primero, bajo un eje de auditoría y diagnóstico único, crear un inventario oficial de construcciones en áreas inundables; el segundo, que se centra en la mitigación basada en la renaturalización, priorizando la "ingeniería blanda" y la recuperación de cauces frente al hormigón tradicional; tercero, creación de un fondo de adaptación, una línea de financiación para proteger o, en casos extremos, reubicar servicios esenciales como centros de salud o colegios.

La diputada Mari Carmen Pérez ha comentado que “la seguridad de los usuarios de servicios públicos sigue dependiendo de la suerte ante episodios de lluvias torrenciales. Es injustificable la inacción institucional una vez que los mapas de riesgo ya han identificado puntos críticos en zonas como la Vega, el Área Metropolitana, el Poniente y la Costa Tropical.”

Solo en lo que va de 2026, las borrascas Leonardo y Marta han provocado más de 1.400 incidencias en la provincia. Ante este escenario, la formación defiende que la Diputación debería ejercer su papel vertebrador ofreciendo asistencia técnica y jurídica a los municipios para actualizar sus planes de emergencia.

A pesar del resultado del pleno, Izquierda Unida Granada ha reafirmado su compromiso con una "provincia resiliente, sostenible y segura". La formación considera que dar la espalda a estas medidas de adaptación al cambio climático es ignorar una realidad que afecta directamente a la vida cotidiana de los granadinos.