La formación denuncia la entrega de información de 738.000 alumnos a Google y urge a recuperar la soberanía tecnológica mediante el software libre.

Izquierda Unida ha calificado como una "negligencia de extrema gravedad" la gestión de la Consejería de Desarrollo Educativo tras conocerse la cesión de datos de 738.000 alumnos y más de 43.000 docentes a la multinacional Google. Ante la magnitud de este escándalo, el grupo ha reclamado la comparecencia urgente de la consejera, Carmen Castillo, en sede parlamentaria.

Desde IU recuerdan que ya habían advertido sobre los riesgos de la recogida masiva de datos de menores por parte de una corporación que cuenta con antecedentes y expedientes en tribunales de EE. UU. por prácticas similares.

El "oro blanco" en manos de gigantes tecnológicos
Ángel Fernández, coordinador de la Red de Educación de IU Andalucía, ha sido tajante al respecto: "Se está entregando a plataformas hegemónicas la información privada de nuestra comunidad educativa. Estamos permitiendo la extracción masiva de sus datos, el 'oro blanco' del siglo XXI, sin calibrar las consecuencias".

La formación critica el progresivo abandono por parte de la Junta de Andalucía de las plataformas de código abierto y titularidad pública, herramientas que fueron construidas y validadas por el propio profesorado y las comunidades educativas.

Un modelo basado en la Soberanía Tecnológica
Frente al actual modelo de dependencia, Fernández defiende la transición hacia el software libre en la administración y la educación pública. Según el coordinador, este modelo no solo reduce costes a largo plazo, sino que garantiza:

- Seguridad y transparencia: Gracias a la auditoría comunitaria del código fuente.

- Independencia: Evita el control de proveedores extranjeros sobre servicios críticos.

- Soberanía: Asegura que los datos de la ciudadanía permanezcan bajo control público.

Finalmente, Izquierda Unida cuestiona la contradicción política del Partido Popular: "Resulta paradójico que un partido tan propenso a exhibir la bandera de España no trabaje por la soberanía real. Defender Andalucía también es permitir que nuestras instituciones y empresas controlen sus propias herramientas informáticas, sin depender de gigantes transnacionales", concluyen desde la formación.