El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, recuerda que las administraciones tienen la obligación de “luchar contra la desmemoria” y trabajar en favor del derecho de las familias de las víctimas a la localización, identificación y entrega de restos para su sepultura.

Izquierda Unida defenderá mañana en el Pleno ordinario del mes de noviembre de la Diputación de Cádiz una moción en la que reclama a todas las administraciones el cumplimiento efectivo de las leyes de Memoria Democrática andaluza y estatal, entre cuyas obligaciones se encuentra la lucha contra la “desmemoria” y el derecho de las familias de las víctimas a “conocer la verdad, a que se haga justicia, al reconocimiento y la reparación moral”.

De manera concreta, la moción que defenderá mañana el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, insta “a todas las administraciones públicas competentes a mostrar su decisión de impulsar por todos los medios a su alcance el cumplimiento efectivo y sin demoras en nuestra provincia de las obligaciones establecidas en las leyes de Memoria de Andalucía y del Estado, disponiendo para ello los recursos técnicos y económicos que le correspondan”.

Así, entre estos recursos, se contempla que la administración competente, “Impulsará el conocimiento y difusión en los centros educativos de la provincia y para toda la población de lo que aconteció, en el país, en Andalucía y en cada una de las localidades de la provincia de Cádiz” y “favorecerá el reconocimiento y reparación moral de las víctimas que hubo en nuestra provincia”.

De aprobarse, se dará traslado de esta moción a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a la vez que se hace “un llamamiento a la ciudadanía de nuestra provincia para participar en las actividades que se organicen con motivo de la celebración el 14 de junio del Día de la Memoria Histórica y Democrática durante todo el mes de junio en la comunidad autónoma andaluza”.

Apunta el diputado que, tanto la Ley de Memoria Democrática estatal de 2022, como la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017, “fueron aprobadas sin ningún voto en contra” y “establecieron que el impulso de las políticas de memoria democrática son un deber moral inexcusable”.

La moción de IU destaca que, en España, “la magnitud del genocidio perpetrado por el franquismo contra los defensores de la Segunda República fue una monstruosidad. Se ejerció una violencia de Estado sistemática y planificada, una arquitectura del Terror que generó más de 100.000 personas asesinadas en toda España, al margen de los hechos de guerra, de ellas, más 45.500 de Andalucía”. Añade que “una democracia verdadera no puede construirse sobre la desmemoria, sobre la ocultación de estos hechos aberrantes” y recuerda que las familias de las víctimas “quieren saber dónde están los restos de sus familiares, recuperarlos y darles cumplida sepultura como hacemos con nuestros difuntos”; “es una cuestión de Derechos Humanos, de democracia, de justicia y de humanidad”, recoge.

Por otro lado, la moción recuerda que “la Ley de Memoria Democrática declara ilegal el régimen franquista” y “establece que la búsqueda de los desaparecidos es un deber del Estado”, a la vez que fija también una serie de obligaciones para todas las administraciones públicas, “que responden a derechos de las víctimas y sus familiares y de toda la sociedad: la localización e identificación de las personas desaparecidas; la investigación para conocer la verdad de lo que pasó; el recuerdo, homenaje, reconocimiento y reparación integral a las víctimas; la supresión de símbolos, denominaciones de calles y lugares, honores, recompensas y distinciones contrarias a la Memoria Democrática, la divulgación de los hechos históricos en los centros educativos y para el conjunto de la ciudadanía, la designación de lugares de Memoria Democrática, etc.”.