Francisco Puentedura, coordinador local de Izquierda Unida en Granada, alerta del riesgo de desalojo de miles de unidades de enterramiento, y ha instado al Ayuntamiento de la ciudad a llevar a cabo una modificación profunda en el reglamento de prestación de servicios del cementerio. El reglamento actual favorece los intereses del socio privado del cementerio y, el cambio, debería proteger y ofrecer garantías legales a las miles de familias de Granada que buscan respeto y seguridad en los nichos y unidades de enterramiento de la ciudad.

Uno de los problemas más apremiantes, según Puentedura, es la cuestión de la titularidad de los nichos en el cementerio. A menudo, las concesiones de nichos pasan a manos de herederos tras el fallecimiento de los titulares originales, sin que se les comunique la necesidad de un cambio de titularidad. Este proceso administrativo, que podría resolverse de manera sencilla, suele generar problemas de desamparo y extinción de derechos de enterramiento debido a notificaciones deficientes, y a un procedimiento difícil y costoso.

Otro problema destacado es la tasa de conservación del cementerio. El impago de esta tasa puede resultar en la extinción de los derechos de un nicho, y a menudo los familiares desconocen estos impagos, y cuando son conocedores, se les impide el pago a familiares y allegados que no sean titulares. Izquierda Unida recuerda que, el Reglamento General de Recaudación RD 939/2005, en su artículo 33.1 dispone que “puede efectuar el pago, en periodo voluntario o periodo ejecutivo, cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.

Esto no hace más que meter a los familiares y allegados, en un laberinto sin solución, que está pensado para que la empresa pueda desalojar las unidades de enterramiento, y hacer caja, u obligar a volver a comprar una unidad de enterramiento y obligar a las familias a desembolsar el doble del importe, más el coste de los traslados. 

Finalmente, todo se complica por la falta de un reglamento de notificaciones efectivo por parte del cementerio, lo que resulta en notificaciones enviadas a direcciones desactualizadas. Puentedura argumenta que el Ayuntamiento debería contar con información actualizada para notificar a los herederos de manera adecuada, tal como se hace con otras notificaciones administrativas. 

Puentedura concluyó señalando que es fundamental que el Ayuntamiento priorice los derechos de las personas por encima de los intereses del negocio privado en la gestión del cementerio. En un tema que además es tan sensible para las personas. De esta manera, se podría evitar la arbitrariedad y garantizar la sensibilidad y la calidad en la prestación de servicios funerarios en beneficio de la comunidad.

La petición de Izquierda Unida busca asegurar que la ciudad de Granada cuente con un reglamento de servicios funerarios que ofrezca garantías legales y priorice el bienestar de las familias, así como el servicio público, en lugar de favorecer exclusivamente intereses privados.