• Las VPO de “alquiler asequible” del residencial Artemisa subvencionada por la Junta no están al alcance de la mayoría de los bolsillos.

En Granada los sueldos más frecuentes están cercanos al salario mínimo interprofesional, es decir a 1.221 euros, insuficientes para poder alquilar una vivienda de este tipo ya que para un piso de 2 dormitorios piden como requisito imprescindible presentar nóminas superiores a 1.742 euros. Esta cantidad, según Diego Caballero, coportavoz de Izquierda Unida Granada, está fuera del alcance de la mayoría de los granadinos y granadinas, por lo que el calificativo “vivienda asequible” no deja de ser una “mentira publicitaria”.

Para Izquierda Unida la subvención de 2,6 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía a este tipo de promociones es inapropiada, pues sigue dejando fuera del derecho a la vivienda a una parte importante de la población, precisamente a la que más necesidad de ayuda tiene. Granada, afirman, tiene un 18% de población en paro, de los mayores índices de Andalucía y España, esto significa que esta población continúa sin tener derecho a la vivienda, reconocido por el artículo 47 de la Constitución.

Los costes de vivienda no deben suponer más del 30 % de los ingresos, contando, no solo la cuota de alquiler o hipoteca, sino también los suministros básicos. Esta es la recomendación que recoge la Ley Estatal del Derecho a la Vivienda como límite entre unas condiciones asequibles o una situación de sobreesfuerzo económico. Para la mayoría de la población trabajadora granadina con sueldos cercanos a los 1.220 euros el alquiler de una vivienda de esta promoción de dos dormitorios supondría cerca del 50% del sueldo, sin contar gastos de agua y luz, esto significa que son inaccesibles a pesar de estar cofinanciadas con dinero público.

Desde Izquierda Unida se exige a la Junta de Andalucía y demás administraciones como el Ayuntamiento de la ciudad a construir viviendas protegidas cuyo precio de venta o alquiler no sobrepase el 25% del salario mínimo, y que estas viviendas estén protegidas indefinidamente, es decir que no puedan pasar nunca al mercado libre.

Por otra parte, continúa Caballero, la única manera de revertir el gran acaparamiento de viviendas por parte de rentistas y de facilitar el acceso a la vivienda a la población con menos recursos es aumentar los impuestos por la compra de la segunda, tercera y sucesivas viviendas de forma progresiva de forma que se desincentive la especulación con las viviendas, a la vez que se facilitan ayudas fiscales a las familias que quieren conseguir su primer hogar.

Es necesario, afirman desde la formación de izquierdas, que las distintas administraciones apuesten por la compra de viviendas y suelo para crear viviendas VPO, no solo para llegar al nivel de la media europea, sino para que la acumulación de vivienda, en muchos casos vacía, deje de ser atractiva y rentable.

En definitiva, finaliza Diego Caballero, la Junta debe dejar de realizar engaños como el de subvencionar a la promotora Aurora Homes por la construcción del residencial Artemisa, con precios inaccesibles, en el Parque Nueva Granada y tomar medidas eficaces que permitan a la mayoría de la población acceder a una primera vivienda sin verse sometida a una asfixia económica.