Tras la aprobación por parte de la Diputación Provincial de Granada, en la sesión plenaria del pasado 23 de mayo, de una modificación presupuestaria que incorpora una partida de 480.000 euros destinada a la mejora de los acuartelamientos de la provincia, la Diputada de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, ha reclamado que dicha inversión pública incluya criterios sociales que fomenten el empleo local.

La financiación, enmarcada en el convenio suscrito entre la Diputación y el Ministerio del Interior, se lleva a cabo a propuesta de la comandancia de la Guardia Civil que, en esta ocasión, según informó el presidente de la Diputación, será destinado a la actuación en el cuartel de Santa Fe. Ante esta situación, Izquierda Unida ha registrado una solicitud formal para instar a la institución provincial a incorporar cláusulas sociales en los pliegos de contratación.

“La Diputación aporta recursos públicos y por tanto, creemos necesario que estos fondos reviertan directamente en la ciudadanía de los municipios donde se ejecutan las obras, siempre en base a la legalidad vigente”, ha señalado Mari Carmen Pérez.

Desde la formación de izquierdas se insiste en que estas cláusulas sociales podrían priorizar la contratación de trabajadores y empresas del propio municipio, contribuyendo así a la creación de empleo y al arraigo económico en la zona.

Nabil Finsi, concejal y portavoz de IU en Santa Fe, considera “imprescindible que todas las inversiones públicas, incluidas aquellas gestionadas mediante convenios con otras administraciones, respondan a criterios de justicia social y sostenibilidad territorial, promoviendo el desarrollo de los pueblos y no limitándose únicamente a la mejora de infraestructuras”.