Izquierda Unida Granada ha denunciado la situación de "abandono institucional y precariedad crónica" que sufren los orientadores y orientadoras laborales de los programas de la Junta de Andalucía. Lo ha hecho tras una exhaustiva reunión de trabajo mantenida por el candidato de Por Andalucía en Granada, Rafael Sánchez Rufo, junto a representantes del colectivo, entre los que se encontraba Esteban Robles. En este encuentro, la formación de izquierdas y los trabajadores han abordado la grave realidad de un sector compuesto por más de 700 profesionales en toda la comunidad autónoma, cuyos salarios llevan sin actualizarse más de 13 años, a pesar de ser un servicio considerado clave por la propia administración autonómica.

La reunión, en la que se ha analizado al detalle el dossier informativo elaborado por los propios profesionales, ha servido para constatar cómo la Junta de Andalucía ejerce una violencia laboral sistemática sobre quienes sostienen las políticas activas de empleo. Desde Izquierda Unida advierten que esta situación no es fruto de la negligencia, sino de una estrategia política deliberada orientada a degradar los servicios públicos mediante la asfixia económica de sus trabajadores, precarizando precisamente a quienes tienen la encomienda de ayudar a la clase trabajadora a salir de las listas del paro.

En este sentido, el candidato Rafael Sánchez Rufo ha sido tajante al señalar la hipocresía del Gobierno andaluz y ha exigido una rectificación inmediata que dignifique las condiciones del colectivo: "Es una contradicción perversa y absolutamente inaceptable que la Junta de Andalucía confíe la inserción de los sectores más castigados de nuestra clase trabajadora a unos profesionales a los que castiga con más de trece años de congelación salarial. No vamos a permitir que el Gobierno andaluz siga precarizando a quienes sostienen los servicios públicos con su esfuerzo diario. Esta es una lucha de clases de manual, donde la administración actúa como la peor de las patronales, y en la que Izquierda Unida está y estará siempre en la trinchera de los trabajadores frente al desmantelamiento sistemático de lo público", ha declarado el candidato de Por Andalucía.

Durante la mesa de trabajo, se ha puesto de relieve el impacto directo que esta precariedad tiene sobre los sectores más vulnerables de la sociedad granadina y andaluza. Los orientadores laborales atienden a más de 100.000 personas desempleadas, centrándose en colectivos que el mercado laboral capitalista expulsa de forma sistemática: parados de larga duración, jóvenes en busca de su primer empleo, mujeres mayores de 45 años con dificultades de reinserción, personas con discapacidad y ciudadanos en riesgo de exclusión social. Para IU, el hecho de que la Junta precarice a los encargados de este acompañamiento vital demuestra una absoluta falta de sensibilidad hacia las capas populares.

La formación de izquierdas ha acordado con los representantes de los orientadores iniciar una batería de iniciativas a nivel institucional para exigir la actualización inmediata de las tablas salariales y la estabilización de los programas de orientación, acabando con la incertidumbre que sufren estos profesionales convocatoria tras convocatoria. El objetivo es blindar este servicio frente a los recortes y externalizaciones que amenazan el sector.

Izquierda Unida Granada reitera así su compromiso inquebrantable con la defensa de unas condiciones de trabajo dignas, recordando que la calidad de los servicios públicos es la única garantía de igualdad para la mayoría social. "La lucha de los orientadores laborales es la lucha de toda la clase trabajadora granadina por un empleo con derechos", concluyen desde la organización.