La agricultura y la ganadería en la provincia de Granada atraviesan uno de los escenarios más críticos de su historia reciente. El actual modelo productivo, atravesado por la desregulación de los mercados, la sequía prolongada y la falta de un liderazgo público activo, está expulsando de forma sistemática a las familias trabajadoras del medio rural. Ante esta situación, Izquierda Unida ha manifestado su firme y decidido apoyo al sector primario y al empleo local, alertando de que el debilitamiento del campo no responde a dinámicas naturales inevitables, sino a decisiones políticas deliberadas que favorecen al oligopolio agroindustrial frente a la agricultura profesional y socialmente necesaria.

La realidad que afrontan los productores granadinos en el presente ejercicio de 2026 está marcada por la asfixia climática y la exclusión institucional. La provincia registra actualmente unas pérdidas directas superiores a los 30 millones de euros estimadas únicamente en el sector del cereal, se añade el impacto de las borrascas del inicio de año, que han dejado desprotegidos a miles de profesionales del campo.

Lejos de actuar como un escudo protector, la gestión administrativa ha profundizado la vulnerabilidad de las comarcas más expuestas. Alrededor de 17.600 agricultores y ganaderos de 34 cooperativas de Granada han quedado completamente excluidos de los decretos de ayudas directas por siniestros del temporal, lo que se traduce en una pérdida estimada de 63 millones de euros en rentas agrarias que dejarán de percibirse en la provincia. Esta falta de apoyo directo agrava el declive de la ganadería extensiva, los cultivos de secano y la rentabilidad del olivar, del almendro y de las producciones hortofrutícolas de la Costa Tropical y del interior de Granada, que ven cómo los precios en origen ni siquiera cubren los costes básicos de producción.

"El campo de Granada está sufriendo un desmantelamiento político planificado en beneficio de las grandes distribuidoras y los fondos de inversión. Es intolerable que, mientras nuestros agricultores asumen las pérdidas climáticas y ven recortadas sus ayudas de la PAC para sufragar agendas militaristas en Europa, las derechas y el bipartidismo miren hacia otro lado y avalen acuerdos comerciales como Mercosur, que precarizan aún más los precios. Desde Izquierda Unida defendemos que gobernar es intervenir: exigimos que se cumpla de forma estricta la Ley de Cadena Alimentaria, que se detenga la especulación con la tierra y el agua, y que se blinden los derechos laborales de los jornaleros y el reconocimiento de la mujer rural para que nuestros pueblos sigan teniendo futuro” ha comentado la diputada provincial de IU Granada, Mari Carmen Pérez.

Izquierda Unida señala la profunda incoherencia de formaciones como el Partido Popular, que escenifican su apoyo a los agricultores granadinos en el territorio pero validan en la Unión Europea un modelo que asfixia a las economías familiares. La aceptación de un recorte de entre el 20% y el 22% en los fondos agrarios de la PAC para reorientar el presupuesto hacia el gasto militar constituye una muestra inequívoca de prioridades neoliberales. Asimismo, el respaldo al Tratado de Mercosur por parte del bloque bipartidista y la extrema derecha representa una competencia desleal institucionalizada, al permitir la entrada de productos que no cumplen las exigencias laborales, sanitarias ni ecológicas impuestas a la producción local.

Para Izquierda Unida, el futuro del sector primario en Granada no puede continuar supeditado al beneficio de unos pocos operadores económicos. El campo debe protegerse de forma inmediata como la base esencial del empleo digno, el equilibrio territorial frente al abandono rural y el derecho democrático de la población a una alimentación saludable.