El Área de Educación de Izquierda Unida Granada ha criticado duramente la política educativa del Gobierno andaluz, tras confirmarse que en el proceso de escolarización para el curso 2025/2026 se han cerrado más de 140 líneas de Educación Pública en la provincia, mientras se mantiene y protege la red concertada.

Según Comisiones Obreras, desde 2019 se han suprimido más de 2.500 líneas públicas en Andalucía, y para el próximo curso está previsto cerrar otras 525 aulas, lo que elevaría a más de 3.000 unidades eliminadas durante la legislatura de Moreno Bonilla. Estos recortes generan un problema estructural: la escuela pública se devalúa, se masifica y, como resultado, muchas familias optan por la concertada ante la insuficiente atención en lo público.

“Esta es la prueba más evidente del modelo del señor Moreno Bonilla: reducir la escuela pública y favorecer abiertamente la concertada y privada, pese a que muchas líneas públicas podrían haberse mantenido sin coste adicional”, afirma Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de IU Granada. “Cada cierre supone pérdida de empleo público, masificación y recortes en apoyos educativos imprescindibles”.

Desde Izquierda Unida se exige la paralización inmediata del cierre de líneas públicas y una revisión completa del mapa escolar con criterios de equidad territorial y sostenibilidad. Insisten en que muchas de las unidades suprimidas pertenecen a zonas vulnerables, lo que perpetúa la desigualdad educativa.

 “Es inadmisible que un gobierno que presume de superávit cierre líneas públicas. La educación pública no puede seguir retrocediendo por una política deliberada de privatización”, afirma Pérez, “Cerrar líneas en la escuela pública no responde a falta de demanda, sino a una decisión política de favorecer un modelo privado. Esto atenta contra el derecho a una educación gratuita y accesible para todas”.

El Área de Educación de IU denuncia además la propuesta de la Consejería para renovar el convenio con la Federación Autismo Andalucía, que supone recortes drásticos en los apoyos en aula para el alumnado con TEA. La mayoría de las asociaciones han rechazado firmar ante el intento de sustituir personal especializado por voluntarios sin formación. “Exigir a las familias que lleven a su propio acompañante es inaceptable. Es el reflejo de un modelo que exige soluciones privadas cuando la propia administración reconoce la necesidad”, denuncian.

Desde la formación subrayan que la merma en la calidad del sistema educativo público no afecta solo a las familias con hijos con autismo, sino al conjunto del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), como alumnado con trastornos del desarrollo, problemas de aprendizaje u otras condiciones que requieren atención especializada. “O las familias tienen recursos para pagar apoyos por su cuenta, o el sistema público no cubre esas necesidades”.

Aunque algunas familias pueden compensar la falta de apoyos con ayudas externas, “hay niños y niñas que requieren una atención muy especializada que solo debería garantizar la red pública, y no lo está haciendo”, advierte la Diputada. “Y esto no es solo un problema del autismo; es un síntoma del abandono progresivo de los servicios públicos”.

Según Mari Carmen Pérez esta situación responde a una decisión política deliberada: “La Junta tiene recursos, tiene superávit, y además ha renunciado a ingresar millones de euros por rebajas fiscales a las grandes fortunas. Tiene dinero, pero no lo destina a lo importante: reforzar la educación pública”, critica. “Es una cuestión ideológica: el Partido Popular no cree en lo público y no lo prioriza en su programa”.

Por eso exigen no solo la paralización del cierre de líneas, sino una “apuesta decidida y firme por lo público”, que incluya la contratación de profesionales especializados y recursos suficientes para atender al alumnado con NEE. “Lo que exigimos no es caridad, sino derechos. Un servicio público con garantías, con calidad y con profesionales bien contratados, especialmente en casos como el autismo, donde se requieren perfiles muy específicos que existen, pero a los que no se facilita su incorporación al sistema público”.

IU Granada exige que parte del superávit de la Junta se destine a fortalecer la educación pública, con más líneas, más profesorado, más recursos y menos ratios en el aula. “Porque la inclusión no se mendiga: se garantiza. Y porque la dignidad de nuestras familias y nuestros hijos no está en venta”, concluyen.

Hacen un llamado a familias, profesorado, entidades, docentes y personas comprometidas con la justicia social y la inclusión, para denunciar la situación y hacer todo lo posible para detener el ataque continuo del Gobierno del PP en la Junta a los derechos de los granadinos y granadinas.