Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de Izquierda Unida en Granada, ha presentado una moción, sobre una controvertida modificación. La propuesta, que se debatirá en los Ayuntamientos de la provincia, en donde IU esté representada, se opone a la reciente alteración del Decreto 36/2007 relacionado con los puestos docentes en Centros de Educación Permanente.

La Resolución de 18 de enero de 2024, emitida por la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, ha generado un revuelo en la comunidad educativa. Sin justificación suficiente, se ha propuesto la inclusión de profesorado del Cuerpo de Secundaria en los CEPER y SEPER. Sin embargo, esta decisión se tomó de manera unilateral, sin consultar a los centros ni a los representantes sindicales. La falta de diálogo previo es un ejemplo más de la tendencia del gobierno de Moreno Bonilla a imponer decisiones unilaterales, sin consulta previa con los implicados.

Pérez, critica la actuación del gobierno andaluz del Partido Popular por su enfoque unilateral que no solo ignora la riqueza de conocimiento y experiencia que poseen los profesionales de la educación, sino que también puede conducir a decisiones mal informadas que perjudican a la comunidad educativa en su conjunto. Es necesario que el gobierno andaluz reconsidere su enfoque y adopte una postura más abierta y colaborativa en la formulación y aplicación de políticas educativas para garantizar una educación de calidad.

Los problemas organizativos que surgirán al combinar personal con diferentes cargas lectivas son evidentes. La pérdida de alumnado y las consecuencias para el segmento de mayor edad, que depende de los servicios ofrecidos por estos centros, son motivo de inquietud. La educación permanente no se limita a obtener titulaciones oficiales; es un sistema vital que compensa las desigualdades y beneficia a las personas más vulnerables, permitiéndoles socializar un ámbito donde puede desarrollar actividades distintas a su vida habitual.

La moción presentada por Mari Carmen Pérez destaca la importancia de preservar la integridad y el funcionamiento efectivo de los Centros de Educación Permanente. Estos centros desempeñan un papel crucial en la sociedad al proporcionar oportunidades educativas a aquellos que de otra manera podrían enfrentarse a barreras para acceder a la formación continua.

En el contexto de la propuesta de modificación del Decreto 36/2007, es esencial considerar el impacto que tendría en la comunidad educativa y, en última instancia, en la sociedad en general. La inclusión de profesorado del Cuerpo de Secundaria en los CEPER y SEPER podría resultar en una falta de especialización y adaptación a las necesidades específicas de los estudiantes que buscan educación permanente. Esto podría socavar los esfuerzos para garantizar un acceso equitativo a la educación y perpetuar las disparidades sociales existentes.

En última instancia, la moción presentada por Izquierda Unida en Granada busca defender los principios fundamentales de la educación permanente y promover una política educativa que responda de manera efectiva a las necesidades de todos los ciudadanos, independientemente de su edad, origen socioeconómico o ubicación geográfica.

En un momento en que la educación es reconocida como un motor clave para el progreso y la igualdad social, es crucial proteger y fortalecer las políticas que promueven el acceso equitativo a la educación en todas sus formas. Es necesario que el gobierno del PP, recapacite, considere cuidadosamente los argumentos presentados y actúen en consecuencia para garantizar que se protejan los derechos y las oportunidades de todos los estudiantes en la provincia y más allá.