Izquierda Unida en la provincia de Granada ha denunciado la reciente subida salarial aprobada para los altos cargos del Gobierno de la Junta de Andalucía, una decisión que considera profundamente injusta y socialmente irresponsable tanto por su contenido como por el momento en que se produjo.

La formación recuerda que el pasado 18 de enero de 2026 la sociedad andaluza afrontaba el impacto del trágico accidente ferroviario de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba), con 45 personas fallecidas y numerosas heridas. En ese contexto de duelo colectivo, IU subraya que fueron los servicios públicos y sus profesionales quienes sostuvieron la respuesta institucional a la emergencia. Sin embargo, al día siguiente (mediante resolución administrativa posteriormente publicada en el BOJA nº 14 de 22 de enero) el Ejecutivo autonómico aprobó una nueva mejora retributiva para el presidente, consejerías, viceconsejerías y el conjunto de los altos cargos.

Para Izquierda Unida, esta decisión evidencia una doble vara de medir en materia salarial. La organización señala que el propio Gobierno reconoce con esta medida la necesidad de mejorar ingresos para garantizar condiciones de vida dignas, pero aplica ese criterio únicamente a su estructura política mientras la plantilla del sector público y la mayoría de la población trabajadora continúan negociando incrementos limitados en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de vida.

Desde la formación se destaca que la evolución retributiva del presidente andaluz refleja con claridad esta tendencia, al pasar de percibir 71.667 euros anuales en 2022 a 87.333 euros en 2024 y alcanzar los 92.208 euros en 2026, lo que supone un incremento acumulado cercano al 30 %. Una subida que sitúa a Andalucía entre las comunidades autónomas con mayor aumento salarial para sus altos cargos en los últimos años.

Izquierda Unida Granada advierte además de que este tipo de decisiones tienen repercusiones directas en la provincia, donde persisten elevados niveles de precariedad laboral, salarios por debajo de la media estatal y una creciente presión económica sobre los hogares. La organización recuerda que Granada sigue registrando dificultades estructurales en empleo estable, acceso a vivienda y financiación de servicios públicos esenciales, por lo que considera especialmente grave que se prioricen mejoras retributivas para la cúpula institucional frente a políticas que refuercen la cohesión social.

La coordinadora provincial y diputada de IU, Mari Carmen Pérez, ha señalado que “no todo vale en política, y mucho menos aprobar mejoras salariales para quienes gobiernan mientras miles de familias granadinas hacen frente a empleos precarios, alquileres inasumibles y servicios públicos tensionados”.

Asimismo, Pérez ha afirmado que “la ciudadanía necesita gobiernos comprometidos con reducir desigualdades, no ampliarlas, y resulta inaceptable que se consoliden privilegios retributivos mientras se pide contención y esfuerzo al conjunto de la sociedad”.

Izquierda Unida sostiene que esta medida refleja una preocupante desconexión entre el Ejecutivo autonómico y la realidad social de territorios como Granada y reclama que las prioridades presupuestarias se orienten a reforzar el empleo digno, mejorar la financiación de los servicios públicos y recuperar poder adquisitivo para la mayoría social.