IU presenta enmienda de totalidad a la ley de Servicios Sociales de la Junta porque “abre la puerta a la privatización”

Detalles

“No se pueden convertir derechos básicos en oportunidades de negocio”

“La preponderancia que este proyecto de ley otorga a la iniciativa privada es un claro ejemplo de la deriva neoliberal y privatizadora de la que también han sido imbuidos los servicios sociales”

El grupo de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz ha registrado una enmienda de totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno del proyecto de ley de Servicios Sociales de la Junta, un texto que se debatirá en la Cámara en las próximas semanas para su admisión o no a trámite parlamentario.

IU justifica su enmienda de totalidad por tratarse de un proyecto de ley que, “tras la excusa del ‘welfare mix’ o modelo mixto de provisión de servicios de bienestar”, abre la puerta a la privatización de los servicios sociales, a la vez que considera que las prestaciones sociales garantizadas “no pueden estar supeditadas a la estabilidad presupuestaria, puesto que de esta manera no se garantizan las prestaciones que la población andaluza demanda y precisa”.

“Nos parece un paso atrás”, justifica IU en su escrito de devolución, en el que además defiende que “no se pueden convertir derechos básicos en oportunidades de negocio”.

Para la formación de izquierdas, las prestaciones sociales deben estar garantizadas como ‘derecho subjetivo’, aunque, según reconoce, “cuestión diferente es entrar en el detalle de definir qué Prestaciones deben ser garantizadas y cuáles no”. En cualquier caso, para IU, “el listado de prestaciones sociales recogido en el proyecto de ley es insuficiente y deja fuera prestaciones fundamentales para el pueblo andaluz” a la vez que existe una “preponderancia” a la iniciativa privada en este proyecto de ley, lo que es “un claro ejemplo de la deriva neoliberal y privatizadora de la que también han sido imbuidos los servicios sociales”.

Por ello IU plantea la necesidad de que el texto sea devuelto al Consejo de Gobierno para que lo modifique y establezca, por un lado, la “preferencia de la iniciativa social frente a la privada” que “potencie la solidaridad horizontal, las redes de autoayuda, de autoapoyo desde los servicios sociales en el ámbito grupal y comunitario, frente al mercado”; y de otro lado, que garantice la financiación desde el ámbito público pues “eso sería entender que el sistema de servicios sociales en Andalucía sea verdaderamente un servicio público, y quede blindado ante las disposiciones de tratados internacionales” como el TISA y el TTIP.

De otro lado, IU solicita la devolución del proyecto de ley su “indefinición y falta de claridad” en la distribución de competencias entre la Consejería responsable de las Políticas Sociales y la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Frente a esta indefinición, IU propone que las funciones de Planificación, del Sistema, Gestión y coordinación del Sistema Público queden reservadas a la propia Consejería, y que esas competencias no sean delegadas a la Agencia, tal y como da a entender la ley de la Junta.

Asimismo, IU critica que la ley de la Junta no contemple un sistema de servicios sociales que permita al acceso universal a los derechos reconocidos por el Estatuto y propone que exista una coordinación con los servicios que corresponden a otros sistemas y políticas públicas y en particular con el sistema de salud, con el educativo, con el judicial, con las políticas de empleo, de inserción laboral y de formación; así como con las políticas de vivienda, de accesibilidad, de garantía de ingresos e inclusión social, e igualdad y, en general, con todas aquellas políticas públicas que confluyen con los servicios sociales en la intervención social.

“No podemos compartir la filosofía del proyecto de ley”, asegura el grupo de izquierdas en el texto registrado y es que se trata de una ley que “olvida definir el objeto de los servicios sociales”. “Con frecuencia se enuncian definiciones del objeto extremadamente amplias, que se refieren al bienestar o la calidad de vida de la población y no permiten saber de qué parte de ese bienestar se ocupan, lo que incide en la orientación de las posteriores políticas concretas a desarrollar y contribuye al fenómeno “cajón de sastre””, critica IU que pone como ejemplos de este extremo “las becas de comedor que deberían gestionarse en educación”, “ayudas técnicas que deberían gestionarse por salud”, “ayudas económicas que deberían ser cubiertas por un sistema de garantía de rentas”.

De otro lado IU considera que “la capacitación y el empoderamiento de las personas desde los servicios sociales no puede provenir de acciones orientadas al empleo, puesto que no es esta la función de los servicios sociales, existiendo además una amplísima red de servicios de empleo en Andalucía que sí deben capacitar para el empleo, el emprendimiento y la innovación; igualmente ocurre con la educación”.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

IU tira de Estatuto de Autonomía para defender que la Comunidad Autónoma de Andalucía debe ejercer sus poderes con arreglo al objetivo básico de la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público y recuerda el proyecto de ley de Servicios Sociales de Andalucía, que viene a sustituir a la ley de 1988, es una ley de “extraordinaria importancia”.

El grupo de izquierdas plantea que, en estos 28 años de vigencia de la ley de 1988, “las familias, la iniciativa social, han dado respuesta a problemas y dificultades ante las que la administración pública no ofrecía respuesta” y “no es posible que la administración pública siga obligando a las familias y a la iniciativa social a dar las respuestas que no ofrece por una falta de financiación suficiente para atender las demandas y necesidades sociales”. “Es enorme el esfuerzo hecho por las familias y la iniciativa social para suplir a la administración” y “esto no puede seguir ocurriendo” por lo que “es necesaria una financiación adecuada acorde con las necesidades de la sociedad y las familias andaluzas”.

Con todo ello, para IU, la función “capacitadora y emancipadora” de los servicios sociales debe provenir de “acciones de acompañamiento en el desarrollo personal, promoviendo la autonomía personal, la participación activa en la vida comunitaria, la protección de las personas que no pueden valerse por sí mismas y la prevención y tratamiento de los procesos de exclusión social” y “esta ley no está orientada a capacitar y emancipar”, un extremo que se agrava teniendo en cuenta el momento que vive la mayoría social trabajadora andaluza que “padece altísimas cotas de desigualdad”.

“Las lecciones de la crisis económica son contundentes: no se pueden convertir derechos básicos en oportunidades de negocio, la planificación de las políticas públicas y el dinero público deben destinarse a asegurar tanto al ejercicio de los derechos reconocidos como a combatir la desigualdad social y procurar el bienestar integral de la población andaluza, la transformación social.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN

Para IU es necesario, además, “avanzar hacia la democracia participativa, el control social de las políticas públicas y la rendición de cuentas”, nuevas formas políticas que en el proyecto de ley no existen. “Los cauces de participación planteados son muy similares al de una ley de hace 28 años, cauces de participación exclusivamente consultivos y que por tanto impiden desarrollar el protagonismo necesario de los distintos actores sociales de Andalucía”.

Frente a esto, IU plantea “cauces para la participación activa de los actores sociales” porque “observamos que el articulado es poco ambicioso y otorga una excesiva relevancia a agentes sociales tradicionales”. IU considera “imprescindible” que se articulen en la ley herramientas, políticas y ciudadanas, fiscalizadoras “que permitan garantizar la calidad, eficiencia y objetivos para los que han sido destinados los recursos públicos”.

“Los actores sociales deben tener una relevancia cada vez mayor en el diseño y prestación de servicios sociales”, aunque para IU, hay es necesario diferenciar la iniciativa social de la iniciativa privada porque, según plantea, “la iniciativa social tiene cabida dentro de los servicios sociales, pero no la privada”. “La prestación de servicios sociales en ningún caso debería incluir el ánimo de lucro y aún menos a empresas como CLECE, ASER, EULEN o ILUNIUM que ni siquiera respetan los derechos más elementales de sus trabajadoras y trabajadores”.

“Desde la administración pública no podemos ser cómplices de este atropello”, denuncia IU que, por otra parte, considera que empresas con ánimo de lucro “no buscan la calidad en la prestación del servicio, sino obtener el mayor margen de beneficio posible” lo que “en ningún caso podemos compartir que presten servicios tan comprometidos como la atención a personas mayores o a la infancia en situación de vulnerabilidad”. Por ello, la oposición frontal de IU al establecimiento en el proyecto de Ley de Servicios de la figura del patrocinio, el mecenazgo y el partenariado, “por entender que abre la puerta a prácticas opacas, mercantiles y neoliberales”.

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