La diputada provincial, Carmen Álvarez, ha registrado una moción en la que hace una llamada de atención al trato, cada vez más deshumanizado, de los bancos a las personas vulnerables.

Izquierda Unida llevará al Pleno de la Diputación de Cádiz una llamada de atención sobre el servicio, cada vez más deshumanizado, que ofrecen las entidades bancarias a las personas vulnerables, por lo que pide a esta institución que, en la medida de lo posible, ponga medios para primar a las entidades que son respetuosas con el trato a personas mayores o vulnerables. La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, apunta que ha registrado una proposición que “nace de la constatación diaria, del malestar generalizado de la ciudadanía de nuestra provincia, del hartazgo general que nuestros vecinos y vecinas tienen ante lo que viene siendo una atención deficitaria de las oficinas bancarias”.

De esta manera, la moción que defenderá IU el próximo miércoles reclama a la Diputación Provincial que tenga en cuenta, a la hora de realizar cualquier operación, las entidades bancarias que presten una atención prioritaria a las personas consumidoras mayores o vulnerables. Asimismo, pide a la institución provincial que “recomiende a los ayuntamientos de la provincia la creación de una tasa o tributo, o en su caso la modificación en alza si existiera dicha tasa, aplicable a los cajeros automáticos de entidades bancarias que descuiden el trato a la gente mayor o en cualquier situación de vulnerabilidad”.

Finalmente, la diputada provincial de IU pide a la Diputación de Cádiz que “adopte los protocolos de Atención Ciudadana, para incorporar la figura de la persona consumidora vulnerable, desarrollando una normativa específica su fuese necesaria”. A este respecto, recuerda Álvarez que “el pasado 19 de enero fue aprobado por el Consejo de Ministros un decreto-ley por el que se modifica la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios, de manera que se ha incorporado la figura de la persona consumidora vulnerable, añadiéndose a la normativa nacional referencia expresa a estas personas o colectivos en aquellos aspectos relativos a las relaciones de consumo donde sus derechos requieran de una protección reforzada”. Así, según esa normativa, se incluye dentro de la definición de persona consumidora vulnerable a las personas de edad avanzada con un bajo nivel de digitalización, a aquellas con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial, a las de bajo nivel educativa a la hora de firmar contratos complejos o a personas mayores no habituadas a utilizar tecnología de compras on line.

La diputada provincial de IU lamenta que “cada vez sea más común ver filas de gente en plena acera, esperando turno pacientemente, frente a las dependencias de una entidad bancaria, lo que es el efecto más palpable del cierre progresivo de entidades sucursales” y añade que “mientras cierran oficinas bancarias y se despiden trabajadores/as en ellas, se alienta a las personas usuarias a tramitar o resolver las gestiones de manera telemática. A menudo no hay suficiente personal en las entidades que ayuden a las personas mayores o en alguna situación de vulnerabilidad, a hacer pagos o a retirar dinero, y se limita el horario de atención personal hasta una hora concreta”.

Insiste la portavoz en que “desde IU incidimos en que nuestra gente mayor se merece un trato correcto y personalizado; después de toda una vida de trabajo, de pagar comisiones, domiciliaciones de recibos, hipotecas y tanta lucha, que los manden al cajero o a una App del móvil a realizar sus gestiones no son maneras de tratar a clientes de toda la vida”. Alude, además, la diputada al pronunciamiento de Facua-Consumidores en Acción sobre este asunto, indicando que la negativa de ellos bancos a dar atención personal a consumidores supone una vulneración de la legislación bancaria y del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.