IU logra el consenso en Diputación para instar a Junta y Gobierno a garantizar depuradoras en la provincia respetuosas con el medio ambiente

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Publicado:24 de Junio de 2021
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La diputada provincial, Carmen Álvarez, pide rapidez a las administraciones para “poner fin de una vez por todas al desastre y despilfarro que representa tirar centenares de miles de metros cúbicos de agua contaminada o mal depurada al mar y a los cursos fluviales”.
Izquierda Unida logró ayer la unanimidad del Pleno de la Diputación de Cádiz a la moción en favor de que se adecúen las depuradoras de la provincia a la Directiva europea en materia de medio ambiente de cara a, “ser respetuosos de una vez con nuestro entorno natural y por supuesto, de cara a dejar de recibir sanciones indeseadas de la Unión Europea”, apunta la diputada provincial de IU Cádiz, Carmen Álvarez.
En la argumentación de motivos, Álvarez asevera que “es un hecho que nuestra provincia, como el resto del país, incumple el objetivo de las Naciones Unidas sobre agua limpia y saneamiento y, por otro lado, incumplimos la Directiva europea 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas desde hace más de 30 años”. Asimismo, indica la portavoz de Izquierda Unida que “de acuerdo con informaciones recientes, Cádiz es la provincia en la que hay más depuradoras en el litoral o que vierten directamente al Dominio Público Marítimo Terrestre, y esto hace que también sea donde más se incumple la normativa”. Concretamente, alude a la existencia de “doce EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) gaditanas que vierten de manera irregular al mar”.
Así, la diputada provincial apunta que precisamente en estos días hemos vivido un lamentable episodio relacionado con el mal funcionamiento de la EDAR de Sanlúcar de Barrameda, que, pese a las numerosas denuncias de ecologistas, partidos y la sociedad civil, se siguen vertiendo aguas fecales al mar, en plena temporada de playa, por la caída de tres gotas de lluvia”. Y añade Álvarez que “esta misma situación se da en muchos otros puntos de la provincia de Cádiz”. En su intervención en el Pleno, la diputada aludió al balance que realiza la Junta de Andalucía, según el cual, “las depuradoras con un funcionamiento pésimo en la provincia son las de Barbate, Vejer, Roche en Conil, Las Galeras (El Puerto), El Trocadero (Puerto Real), La Barca de la Florida, Los Barrios, San Roque, San Enrique de Guadiaro, Setenil, Olvera y Grazalema. De éstas, Barbate, Grazalema, Roche, El Puerto, Puerto Real San Roque, Setenil y Vejer, junto a la de Conil, necesitarían nuevas EDAR a la luz de los resultados obtenidos, así como colectores agrupados para un correcto tratamiento biológico. Y depuradoras con unos resultados deficientes son las de Jerez, Conil, Paterna, Facinas, El Gastor y Espera”.
De esta manera, la moción aprobada por la unanimidad del Pleno insta, por un lado, a la Junta de Andalucía a agilizar los trámites para ejecutar el acuerdo de 2010 por el que se declaran de interés de la Comunidad las obras hidráulicas destinadas a lograr la calidad de las aguas de Andalucía, conforme a la Directiva Europea. Asimismo, insta a Junta y Gobierno central a establecer un programa de financiación para proyectos pendientes en las depuradoras de Barbate-Zahara de los Atunes, Chiclana, El Puerto, Los Barrios, San Roque, Puerto Real, Conil, Vejer, Cádiz/San Fernando, así como Sanlúcar y La Línea. Por último, la proposición insta al Gobierno central a reorientar el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, sobre todo en un contexto en el que el cambio climático está poniendo de manifiesto que las infraestructuras de depuración disponibles no tienen capacidad para las aguas pluviales, tal y como acabamos de comprobar una vez más en la EDAR de Sanlúcar de Barrameda”.
Insistió la diputada durante su defensa de la moción que “las culpas en el retraso de construcción y mal estado de las depuradoras están compartidas entre el Gobierno central, que tiene que establecer un programa de financiación, la Junta de Andalucía, que debe realizar el proyecto y ejercer la potestad sancionadora, y el municipio, encargado de la agrupación de vertidos, de la red separativa de aguas pluviales y fecales, y de facilitar los terrenos para la EDAR”. Por esta razón ve “fundamental emplazar a las tres administraciones concernidas, la local, la andaluza y la central, a ponerse manos a la obra, a financiar adecuadamente la construcción de estos equipamientos ambientales y poner fin de una vez por todas al desastre y despilfarro que representa tirar centenares de miles de metros cúbicos de agua contaminada o mal depurada al mar y a los cursos fluviales”.
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