La diputada provincial, Carmen Álvarez, alerta del crecimiento de la brecha de exclusión social en Andalucía y reclama mayor inversión para la inserción educativa y bonificaciones para el acceso a comedores escolares andaluces.

Izquierda Unida defenderá en el Pleno de la Diputación del mes de julio una moción en la que plantea una batería de medidas destinadas a poner en marcha a n nivel provincial y andaluz un plan de acción de lucha contra la pobreza infantil, la exclusión social en Andalucía y la elaboración de un Plan Contra la Pobreza en Menores. Así, la portavoz provincial de IU, la diputada Carmen Álvarez, propondrá al Pleno provincial acordar la “elaboración de forma participada con todos los agentes especializados de un Plan especial frente a la pobreza infantil”, a la vez que pide que se inste a los ayuntamientos de la provincia a crear “un Consejo Municipal frente a la Pobreza Infantil con participación de los servicios sociales comunitarios, centros de salud, AMPAs y colectivos sociales para establecer marcos de colaboración, coordinación y trabajo en red entre las organizaciones sociales y Ayuntamiento”.

La diputada de IU entiende “prioritario combatir la pobreza y la exclusión social basándonos en un modelo sostenible” y apunta que, en esta cuestión hay que trabajar “lejos de colgarnos medallas, ya que la medalla que más nos debe importar a todas y a todos los que estamos aquí es la eliminación de la pobreza infantil, siempre desde un punto de vista constructivo”. Para Álvarez, “la pobreza y exclusión social son sólo la punta del iceberg de un problema estructural y cronificado que tiene Andalucía y que afecta a los niños y niñas en numerosos aspectos (peor salud, difícil acceso a la cultura, al ocio o al tiempo libre, menor rendimiento académico)” y entiende que “garantizar la solución del problema es responsabilidad de las diferentes administraciones públicas, que al invertir en infancia garantizan la construcción de una sociedad que permite que las niñas y los niños crezcan en igualdad y sin discriminación”.

Alude la portavoz en la moción al análisis del Observatorio de la Infancia de Andalucía, “que ya antes de la irrupción de la pandemia, detectaba que tanto la pobreza relativa como severa era cuatro puntos mayor en nuestra comunidad que en el resto del territorio nacional -pobreza relativa en Andalucía, 34,8% y 28,3% en el resto del Estado; pobreza severa en Andalucía 19,1% y 15,9 en España. Tras la crisis sanitaria, los datos son aún más preocupantes, según denuncia Álvarez, ya que según el Observatorio de la Infancia y de la Adolescencia de Andalucía, en nuestra comunidad, el 28,5% de las personas menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone 451.474 niñas, niños y adolescentes en 2020. Asimismo, señala la diputada que “este dato también tiene una preocupante cifra en perspectiva de género, ya que en 2020 las niñas presentan un riesgo de pobreza o exclusión social 3 puntos porcentuales superior al de los niños”. Por otro lado, alude al informe de 2021 del Observatorio de la Infancia, que refleja que “el 45,1% de los hogares monoparentales con al menos un hijo o hija dependiente está en riesgo de pobreza o exclusión social (umbral de pobreza de Andalucía) en 2020. Este riesgo es un 22% más elevado que el de los hogares compuestos por dos personas adultas con al menos un hijo o hija dependiente en la Comunidad Autónoma”.

Ante estos datos, la moción de IU pide al Pleno provincial que inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: blindar los recursos de la RMISA (Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía) y/o el anunciado ingreso por la infancia y la inclusión, aumentando sus cuantías; asegurar el acceso a los comedores escolares a niños/as de familias en exclusión social, familias adjudicatarias del Ingreso Mínimo Vital, familias con rentas bajas o familias usuarias de los servicios sociales; priorizar los recursos destinados a las políticas de infancia y familias, aumentando la inversión social en infancia y familias, para acercarlo a la media europea; establecer una ayuda por hijo o hija a cargo (hasta los 18 años) de 1.200 euros anuales, condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza; implantar la universalización de la Educación Infantil de 0 a 3 años, pública, promoviendo la escolarización en esta franja educativa de la infancia en situación de riesgo de pobreza y exclusión; garantizar los servicios educativos complementarios en aquellos centros de titularidad pública que escolaricen alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social e irlos incorporando progresivamente a todos los centros que lo soliciten; asegurar el acceso de la población migrante al sistema educativo en condiciones de igualdad con la población autóctona a través de recursos de apoyo específico para esta población; bonificar más de una actividad extraescolar al alumnado en riesgo de exclusión social en Primaria, ampliarlo, además, para los centros de Secundaria y atender a todo el alumnado en riesgo de exclusión social, para garantizar que pueden asistir a las actividades extraescolares.

Asimismo, la moción insta a la Junta a elaborar con carácter urgente y preferente una propuesta de actuación integral para cada uno de los barrios más empobrecidos de Andalucía, en el que se contengan el conjunto de políticas públicas de competencia autonómica para cada barrio; favorecer especialmente el empleo de las personas con hijos menores a su cargo, con especial atención a familias con ambos progenitores desempleados; impulsar un plan urgente de movilización de recursos autonómicos, incluidas las liquidaciones de los saldos positivos de las fianzas de alquileres y suministros, para la ampliación del parque público de vivienda social de la Junta de Andalucía en alquiler que permita la construcción de un mínimo de 40.000 alojamientos y viviendas protegidas; impulsar un plan especial de erradicación del chabolismo y la eliminación de las infraviviendas en Andalucía; erradicar la pobreza energética y de suministros de los hogares andaluces, estableciendo medidas para garantizar que todas las viviendas tengan suministros de luz, agua y gas; incluir la cobertura sanitaria, servicios y productos imprescindibles para el desarrollo de niñas y niños (gafas, audífonos o prótesis, entre otros), adaptando la Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, a la Comunidad Autónoma andaluza; promover la adopción de una ley de promoción de la vida saludable y de lucha contra la obesidad infantil y finalmente, dinamizar los Consejos de Participación Infantil a todos los niveles (local, provincial y autonómico), garantizando la participación infantil en las políticas públicas.