IU Granada eleva una moción a la Diputación Provincial para instar al Gobierno andaluz a intervenir el mercado y frenar una escalada de precios que ya alcanza los 10 euros el metro cuadrado en el alquiler de la provincia.

El Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Granada ha registrado una moción para exigir medidas urgentes y estructurales ante la grave crisis de acceso a la vivienda que asfixia a las familias granadinas y andaluzas. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial y coordinadora de IU Granada, Mari Carmen Pérez Rodríguez, reclama a la Junta de Andalucía que abandone su inacción y ponga en marcha los mecanismos que ofrece la legislación estatal para frenar la escalada de precios.

La vivienda se ha convertido en el epicentro de la mayor desigualdad social en nuestro país, siendo el factor que genera una mayor distancia entre rentas. En este sentido, un informe reciente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 revela que la renta de los caseros es un 82 % superior a la de los inquilinos. La situación es alarmante en el régimen de arrendamiento, donde, según datos de FOESSA, el 45% de la población que vive de alquiler se encuentra en claro riesgo de pobreza y exclusión social.

A nivel autonómico, el mercado del alquiler ha experimentado una escalada desproporcionada. El precio medio ofertado para las viviendas en alquiler en el caso de Andalucía se sitúa ya en los 13,3 euros por metro cuadrado. Esta subida de precios agrava un escenario crítico a corto plazo: a lo largo de 2026 y 2027, miles de hogares se enfrentarán a la finalización de los contratos firmados durante la pandemia de la COVID-19, un fenómeno que ya se conoce como la "gran extinción de los alquileres".

Ante este contexto, Izquierda Unida advierte que casi tres millones de inquilinas e inquilinos a nivel estatal, y más de 200.000 en Andalucía quedarán en una situación de absoluta incertidumbre y desamparo. Las familias se verán ante la dura disyuntiva de aceptar subidas prohibitivas en sus alquileres o verse obligadas a mudarse lejos de sus barrios, sus redes de apoyo y los centros escolares de sus hijos e hijas.

La moción presentada por IU pone el foco en el rechazo del Gobierno de Andalucía a declarar las zonas de mercado residencial tensionado. Esta potestad, otorgada a las comunidades autónomas por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, constituye un instrumento esencial para intervenir de forma eficaz ante situaciones de subidas persistentes y garantizar el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles.

Allí donde esta herramienta se ha puesto en marcha, ha demostrado su total utilidad como mecanismo de contención de precios. Sin embargo, la negativa de la administración autonómica andaluza a ejercer sus competencias exige la activación inmediata de medidas excepcionales para paliar esta emergencia habitacional.

En este sentido, Mari Carmen Pérez Rodríguez ha sido tajante al defender el texto registrado en la institución provincial: "La urgencia del momento supone que no es momento de medidas cosméticas que se quedan en un titular, sino que se requiere de una apuesta sólida y contundente por políticas que garanticen el derecho a la vivienda". "Los datos no dejan lugar a dudas y evidencian la necesidad de una intervención urgente del mercado del alquiler por parte de los poderes públicos, para hacer efectiva la función social de la vivienda recogida en nuestra Constitución", ha reivindicado la portavoz

Para proteger el interés general y garantizar el derecho habitacional, la moción de Izquierda Unida solicita al Pleno de la Corporación Provincial la adopción de una serie de acuerdos fundamentales. En primer lugar, la formación exige instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a ejercer las competencias que le atribuye la legislación vigente y proceder a la declaración de zonas tensionadas en la provincia de Granada. El objetivo de esta declaración debe ser atajar la actual crisis de acceso a la vivienda, contener los precios, proteger el interés general y garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía andaluza. Asimismo, el texto recoge la necesidad de instar al Ejecutivo autonómico para que, a su vez, exija al Gobierno de España la aprobación, con la máxima urgencia, de una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Dicha prórroga deberá aplicarse específicamente a los contratos sujetos a renovación durante los años 2026, 2027 y 2028, erigiéndose como la única medida capaz de proteger de manera inmediata a la población afectada ante la inacción autonómica.

La formación de izquierdas subraya que esta prórroga extraordinaria ya ha estado en vigor durante más de dos años en el ordenamiento jurídico y es una medida de probada eficacia en el marco de las competencias estatales sobre legislación civil.