Las trabajadoras han denunciado que el Gobierno andaluz no ha dialogado con ellas tras el anuncio de la creación de un grupo de trabajo para ofrecer soluciones a su situación laboral, y exigen la paralización del decreto hasta que se lleve a cabo la negociación y redefinición de su categoría.

El diputado de Unidas Podemos por Andalucía, Chus Fernández, ha acompañado a dos integrantes del colectivo de Educadoras de la Junta de Andalucía, colectivo con competencias laborales con las niñas y niños de Necesidades Educativas Especiales, para denunciar la puesta en marcha del Decreto 628/2019 de 27 de diciembre de 2019 por el que se extingue la categoría profesional Educador, grupo II, de los centros andaluces.

Dori Romero y Nina Matas, profesionales de la provincia, han denunciado que el Gobierno andaluz ha ninguneado la reunión del pasado enero, junto a representantes sindicales, en la que se acordó la organización de un grupo de trabajo para dar soluciones. Según ha explicado, a día de hoy, no han obtenido respuesta por parte de la Consejería de Educación, afectando este problema a más de 270 profesionales de toda Andalucía.

Romero ha afeado al Gobierno andaluz que no haya escuchado las demandas del colectivo durante los años de gestión en San Telmo, “no han atendido las demandas, han dado de lado al colectivo de trabajadoras y a las familias que tienen hijos con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo”.

Nina Matas, educadora de Granada, ha lamentado la situación que ya se da en muchos centros escolares, ya que las familias uno de ellos ha denunciado que, tras tres meses de espera, la vacante de plaza de educador no se ha cubierto. Con ello, ha resaltado la táctica privatizadora por la que ha apostado el Gobierno de Juanma Moreno, ya que la plaza se ha cubierto con un profesional PTIS a través de una empresa externa. “Esta situación está afectando al alumnado con necesidades educativas especiales y a sus familias que deben recibir una educación de calidad que el Gobierno no ha facilitado”.

El cambio de la designación de la categoría supuso el inicio de la inestabilidad del colectivo. Tal y como Romero y Matas han explicado, en la redefinición de las funciones se hizo referencia a un cambio en el ámbito de actuación, para poder formar parte así de los equipos de orientación de los institutos. Pero, según han lamentado, este cambio no se produjo nunca. “La inclusión de nuestro perfil en la nueva categoría, denominada Personal Técnico de Integración Social, supondría la puesta en marcha de las funciones asistencias que ya realizamos, pero la Consejería ha olvidado nuestros problemas”.

Con todo ello, el parlamentario granadino Chus Fernández ha remarcado que Moreno Bonilla ha ignorado las reivindicaciones del colectivo y ha exigido que se escuche las demandas de las profesionales y valore su experiencia y compromiso “porque se merece una estabilidad y una certidumbre laboral que actualmente no tienen”.