IU Cádiz respalda la movilización del 1 de octubre de CCOO y UGT en defensa del cumplimiento de la Ley de Dependencia

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Publicado:25 de Septiembre de 2025
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La dirección provincial ha trasladado a las federaciones de Pensionistas de ambos sindicatos el apoyo a las demandas del colectivo y ha defendido que el Día Internacional de las Personas Mayores sea “reivindicativo y no sólo de felicitación a los mayores como querrá la Junta”.
La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz ha trasladado hoy a la Federación de Pensionistas de CCOO Cádiz y a la Unión de Jubilados de UGT Cádiz el respaldo absoluto de la formación política a las demandas y a la movilización prevista para el próximo miércoles 1 de octubre con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores y que tendrán lugar delante de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, con especial atención sobre los incumplimientos de la Ley de Dependencia.
En un encuentro del coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, con los secretarios de la federaciones de Pensionistas de CCOO y UGT, Salvador Domínguez y José Aragón, respectivamente, y la secretaria provincial de CCOO, Inma Ortega, el responsable de Izquierda Unida ha “agradecido” a ambos sindicatos que “conviertan el Día Internacional de las Personas Mayores en un día de reivindicación; posiblemente, la Junta de Andalucía lo quiera convertir en un día de felicitación a las personas mayores, pero desde IU y junto con CCOO y UGT, lo que pedimos es que el 1 de octubre estemos todos en la plaza de España, frente a la Delegación de la Junta de Andalucía, denunciando de manera conjunta la política que está ejerciendo el Partido Popular en la Junta de Andalucía”.
Rodríguez ha recordado que “hay una generación de personas mayores que hace 15 o 20 años lucharon muchísimo para conseguir ciertos derechos y libertades que, desgraciadamente, hoy están en peligro, como es la Ley de la Dependencia, que es muy positiva, pero que la realidad de una persona mayor, desde que pide el acceso a la ley y los servicios que establece, tarda 600 días hasta que la Junta de Andalucía le da ese derecho de forma objetiva”.
Ha denunciado el coordinador provincial que, en las políticas transversales como la sanidad, las personas mayores sufren “aún más, si cabe, deterioro a la hora de acceder a una operación médica o en el simple acceso a un médico de atención primaria” y ha denunciado que la Junta de Andalucía esté dejando en manos del sector privado la gestión de los derechos sociales como son las personas mayores; lo último ha sido los recortes en los centros de Participación Activa, dejando sin posibilidades económicas para que estos centros den servicios y sean apetecibles para los mayores, que puedan ir a tener talleres, formación o echar un rato de convivencia de los mayores”. Para Rodríguez, el proyecto del Partido Popular es “el deterioro constante de los servicios a las personas mayores; no puede seguir considerando que las personas mayores son una carga, sino ciudadanos con derecho que lucharon mucho”, por lo que ha hecho un llamamiento a la militancia de IU y a la ciudadanía, en general, a apoyar esta movilización.
Por su parte, los responsables de los pensionistas de CCOO y UGT han agradecido el respaldo de Izquierda Unida y han puesto sobre la mesa datos que hacen necesario que el colectivo “salga a la calle”; “en la provincia de Cádiz tenemos 15.665 personas en listas de espera -de la ley de Dependencia-; listas que superan con creces los 180 días establecidos por la Ley, y nos sitúa 574 días de espera, esto es una situación inadmisible”, apuntaba el secretario de la Federación de Pensionistas de CCOO, Salvador Domínguez, que aportaba datos como el hecho de que en Andalucía haya un promedio de 1,6 años para atender estas situaciones, cuando a nivel estatal está muy por debajo, con 342 días”. Y a esto añade, “lo más dramático es que, en la provincia de Cádiz, en 2024, fallecieron cerca de 700 personas -5.751 personas en Andalucía-, esperando la prestación”. Apuntó, además, a la soledad no deseada que viven mucho mayores y a las dificultades de los centros de mayores para solventar estas situaciones, así como las largas listas de espera de la sanidad pública.
En iguales términos se ha expresado el secretario de la Unión de Jubilados de UGT, José Aragón, que apeló a la resolución 45/106 de las Naciones Unidas y el Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre los derechos de las personas mayores sobre “una protección integral por parte de las administraciones, para una vida digna; sin embargo, esto no se está cumpliendo”. Ha señalado al 1.632.000 de andaluces y andaluzas mayores de 65 años, un 19% de la población andaluza, que no cuentan, según ha denunciado, con esta protección de derechos reconocida. “La atención a las personas dependientes nos convierte en la última comunidad autónoma en el cumplimiento de las plazas, triplicando el límite legal de seis meses fijados para la tramitación y resolución de la solicitud”. El responsable de UGT ha incluido, además, entre las reivindicaciones, la mejora de la ayuda a domicilio, así como la necesidad de la existencia de geriatras en los centros de salud. Asuntos, todos ellos, que se solucionarían, -defendió- con “una Ley de Derechos de las Personas Mayores, como ya existen en otros países del mundo”.
Finalmente, la secretaria provincial de CCOO Cádiz, Inma Ortega, ha considerado “esencial” la celebración del 1 de octubre para “trasladar a la opinión pública” las reivindicaciones de las personas mayores. Ortega ha señalado que “la situación de destrucción de todo el sistema de dependencia por parte del Gobierno andaluz es escandaloso; escandaloso que las listas de espera de muchas personas mayores y discapacitadas al final, fallezcan en el camino y sus familias se vean desesperadas buscando una solución durante todo ese periodo”. Ortega ha denunciado la “falta de recursos” del sistema de dependencia y de una “dignidad laboral” para las trabajadoras y trabajadores del servicio. La secretaria de CCOO Cádiz ha reclamado, asimismo, la tramitación de una Ley que sea capaz de “poner coto a la transferencia público-privada” en comunidades como la andaluza.
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