El diputado de IU, Ramón Galán, defenderá en el Pleno de la Diputación de Cádiz una moción en defensa de que la Mesa del Parlamento de Andalucía agilice los trámites para abordar la Proposición de Ley de Recuperación de los niveles de calidad del Sistema de Sanitario Público de Andalucía, defendida por las Mareas Blancas y avalada por más de 57.000 firmas ciudadanas en toda la comunidad.

Izquierda Unida defenderá mañana en el Pleno de la Diputación de Cádiz una moción por la que se insta a la Mesa del Parlamento de Andalucía a tramitar “con carácter de urgencia” la `Proposición de Ley de Recuperación de los niveles de calidad del Sistema Sanitario Público andaluz en Andalucía´, impulsada por las Mareas Blancas y avalada por 57.000 firmas ciudadanas.

Según explica en su argumentación el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, este es el siguiente paso una vez aprobado en el Parlamento andaluz, el pasado 26 de noviembre, la ILP en favor del debate de la Proposición de Ley, y que salió adelante con los votos de Por Andalucía, PSOE, Partido Popular, Adelante Andalucía y la abstención de Vox. “Tras todo el proceso transcurrido, la ciudadanía, entendería la no tramitación de esta proposición en esta legislatura como un desprecio a la voluntad de participación de los ciudadanos en la vida política, aumentando la desconfianza en las instituciones democráticas”, defiende la moción.

La formación política sostiene que “la sanidad pública andaluza atraviesa una situación crítica como consecuencia de una financiación insuficiente y una falta de inversión sostenida en recursos materiales y humanos” y apunta que “el constante trasvase de recursos de la sanidad pública a la sanidad privada, así como la reducción de plantillas, la inestabilidad laboral, las limitaciones de accesibilidad a pacientes y, en general, las medidas restrictivas impuestas especialmente en los últimos años, han deteriorado gravemente la atención médica en Andalucía hasta llevarla a la nefasta situación actual”.

De igual forma, la proposición que defenderá Galán indica que “el desmantelamiento del sistema sanitario andaluz causa una desatención sanitaria en Andalucía que provoca graves consecuencias para los ciudadanos, como el empeoramiento de enfermedades crónicas, retrasos diagnósticos (ej. cáncer de mama), mayor mortalidad evitable, desconfianza ciudadana y el colapso de la atención primaria, con falta de profesionales y recursos, llevando a un éxodo de médicos y a la sensación de un sistema debilitado que favorece la privatización y pone en riesgo el derecho fundamental a la salud, especialmente para los más vulnerables”.

Denuncia la moción que este deterioro de la sanidad pública se ha hecho más intenso aún desde 2019, al aumentarse la llamada “colaboración público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado; es conocido que el deterioro de la sanidad pública es un requisito previo imprescindible para plantear la privatización de la misma”, afirma Galán.

Entre las decisiones privatizadoras que se han acumulado en este periodo, la moción apunta a la derogación del “complemento de exclusividad que percibían aquellos profesionales médicos que trabajaban sólo en la sanidad pública, incluyendo los cargos sanitarios intermedios, a los que, además, se les elimina la incompatibilidad pública/privada”; “se emplea de forma creciente la derivación de fondos de los presupuestos sanitarios andaluces para aumentar los conciertos con las clínicas privadas y, también, los pagos a otros agentes del sector privado, mediante la supresión de los sistemas de control del gasto (subasta de medicamentos, etc.)”. De esta manera, denuncia el aumento de “la desviación de pacientes a los centros con ánimo de lucro, tanto para intervenciones quirúrgicas como para exploraciones complementarias diagnósticas. Se consideran a dichas clínicas como hospitales públicos de referencia, sin auditar de forma suficiente sus niveles de calidad. Y todo ello se hace sin que los recursos sanitarios públicos propios estén en su máximo rendimiento”.

Las Mareas mantienen que, “después de varios años siguiendo esta política de derivaciones asistenciales y de recursos económicos al sector privado, la situación sanitaria en Andalucía no solo no ha mejorado, sino que está empeorando” y apuntan a “evidencias que indican que, si se emplearan los fondos públicos derivados al sector privado en los centros públicos, el deterioro actual se paliaría sustancialmente”.

La Proposición de Ley, cuya tramitación defiende IU que se efectúe de manera urgente, plantea modificaciones a la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía encaminadas a: poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la Administración sobre la Sanidad Pública a través de unos “consejos de salud, a todos los niveles asistenciales, que representen de verdad una participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sanitarias que le afectan”; potenciar el necesario desarrollo de los “recursos propios” en todos los niveles asistenciales, con presupuestos reales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos; “recuperar el déficit presupuestario que desde 2010 hasta hoy se calcula en unos 19.000 millones de euros” y, finalmente, “regular la relación con el sector privado, eliminando los convenios singulares y limitando a un papel excepcional, subsidiario y temporal la concertación con el sector privado”.