Recuerda que se trata de una Disposición Adicional de la Ley de Garantía de Poder Adquisitivo de las Pensiones y una reivindicación de las plataformas de pensionistas de todo el país

El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Cádiz reclamará este miércoles en el Pleno provincial que se inste desde este organismo al Congreso de los Diputados y al Gobierno de la Nación a la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social desde el periodo comprendido entre 1967 y 2024, dando de esta manera cumplimiento a la Disposición Adicional Sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre de Garantía de Poder Adquisitivo de las Pensiones.

La moción, que será defendida por el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, reseña que dicha disposición adicional contempla que “en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativa a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social”. Y añade que, “dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”. No obstante, entiende IU que, como como “este imperativo legal no ha sido cumplido”, debe ser ampliado hasta el año 2024, tal y como reclama en la moción registrada en la Diputación de Cádiz.

Defiende Galán que esta auditoria “sigue siendo una reivindicación, mantenida en el tiempo, por diferentes plataformas de pensionistas, especialmente por COESPE (Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones)”.

La moción hace referencia, igualmente, a la declaración del Tribunal de Cuentas en marzo de 2022 en sede del Congreso de los Diputados en la que se reconocía que “el Estado usó las cotizaciones sociales para pagar lo que podemos llamar Gastos Impropios”. Aclara IU que “entre estos gastos impropios se encuentran parte de las prestaciones no contributivas (de carácter asistencial), políticas fiscales y de incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, políticas de apoyo a las familias o gastos de funcionamiento que, de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, deberían ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y que servirían, según la Autoridad Independientes de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para superar el déficit financiero del sistema”.

Finalmente, la moción de Izquierda Unida recuerda que el artículo 103 del Real Decreto 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone que “las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social constituyen un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del  patrimonio del Estado”; así como que las cotizaciones laborales y sociales son patrimonio de las personas trabajadoras y tienen un destino propio y finalista, que no es otro que “el sistema de protección de los trabajadores/as y de la Seguridad Social”.