La investigación del conocido Caso Mascarillas avanza con un nuevo movimiento judicial: la autorización para el volcado y análisis de los teléfonos móviles de varios empresarios vinculados a contratos de la Diputación de Almería. El paso, seguido muy de cerca por Izquierda Unida, llega en un momento en el que la formación ya se ha personado como acusación popular y reclama que la investigación aclare no solo quién participó, sino también cómo funcionaba el entramado que permitió estas adjudicaciones.

En este contexto, la coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate, ha valorado los últimos avances subrayando que cada nueva pieza encaja con una imagen que lleva tiempo dibujándose. “Para que haya corruptos, tiene que haber corruptelas. Y aquí, por desgracia, ya casi hay más empresas implicadas que responsables políticos”, ha señalado. Según Amate, el análisis de los dispositivos electrónicos puede ayudar a esclarecer hasta dónde llegaba la red de adjudicaciones presuntamente orientadas a obtener comisiones.

La dirigente ha insistido en que los hechos investigados no apuntan a errores puntuales, sino a una forma de funcionamiento. “Cada vez está más claro que el Caso Mascarillas no eran hechos aislados, sino un modus operandi. Una manera de entender la institución como un espacio donde determinados intereses privados podían operar con total comodidad”, ha afirmado.

Amate ha recordado que Izquierda Unida ya se ha personado como acusación popular en el procedimiento judicial, un paso que consideran imprescindible para garantizar que la investigación llegue hasta el final. “Siempre lo hemos defendido: sin empresas corruptoras, no hay corruptos. La responsabilidad política es necesaria, pero también lo es identificar qué compañías participaron, qué beneficios obtuvieron y qué obras o contratos se adjudicaron con fines que nada tenían que ver con el interés público”, ha explicado.

La coordinadora provincial ha reclamado que la Unidad Central Operativa (UCO) pueda trabajar con total independencia para determinar el alcance real de estas prácticas. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, quién se benefició y cómo se utilizó el dinero público. No basta con señalar a unos pocos; hay que entender el entramado completo”, ha añadido.

En un momento en el que la Diputación intenta proyectar normalidad institucional, Amate ha insistido en que la investigación debe servir para abrir una etapa distinta, basada en la transparencia y en el control efectivo de los recursos públicos. “Almería no puede permitirse volver a caer en dinámicas que ya conocemos demasiado bien. Esta vez, la verdad tiene que llegar hasta el final”, ha concluido.