IU acusa a Rajoy de mentir al Constitucional y pide retirar el recurso contra la Ley #ViviendaPorDerecho

Insta a la Junta a presentar ante el Alto Tribunal los informes contradictorios de la SAREB sobre sus Viviendas de Protección Oficial

El portavoz del Grupo parlamentario de IU Andalucía, José Antonio Castro, ha presentado esta mañana una Proposición no de Ley (PNL) en la Cámara para que la Junta denuncie ante el Tribunal Constitucional que la Abogacía del Estado ha presentado un informe con datos falsos en el procedimiento de inconstitucionalidad de la Ley andaluza de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

En rueda de prensa, Castro acompañado de la portavoz de Fomento del Grupo, Inmaculada Nieto, ha denunciado la “falsedad” de uno de los informes presentados por el Gobierno central para recurrir la Ley de la Función Social de la Vivienda, en concreto el relativo a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Según ha explicado Inmaculada Nieto, uno de los informes en los que el Tribunal Constitucional se apoyó para aceptar el recurso del Gobierno de Rajoy contra la Ley conocida como antidesahucios de Andalucía fue un informe de la SAREB en el que afirmaban que tenían 911 VPO en Andalucía. El Gobierno de Rajoy alegó que las expropiaciones temporales de uso de las viviendas para frenar los desalojos provocaría “una pérdida absoluta de valor de la cartera traspasada a la Sareb”, de estas 911 viviendas. Esta cifra es la que ahora ha variado y constituye para IU un fraude pues la SAREB reconoce ahora que sólo son 98.

Según ha explicado la portavoz de Fomento y Vivienda, cuando la Consejería conoció a través de la documentación que acompañaba al recurso de inconstitucionalidad, “se le abrió un expediente sancionador por no comunicar que tenían 911 VPO vacías”, pero entonces, “la SAREB alegó que el dato incluido en el informe era estimativo, y que solo tenían 98”. Nieto ha considerado que “quizás, sin ese informe abalado por datos falsos no tendríamos la ley recurrida”.

Por todo ello Nieto ha dudado de la representatividad de este informe, ya que “la SAREB es una sociedad anónima que defiende los intereses de accionistas e inversores privados”. “La suspensión de la Ley vino únicamente a garantizar sus beneficios”, ha resaltado, “mientras la suspensión provoca que se sigan incrementando los desahucios en nuestra tierra”.

Finalmente, Castro ha calificado el informe de “fraude” por parte del Gobierno, “además de demostración de falta total de recursos políticos”, pues “se utiliza la falsedad de datos para sustentar el recurso de inconstitucionalidad”. “El PP intenta solucionar los problemas políticos que se le presentan a través del Constitucional, como el referéndum sobre prospecciones petrolíferas en Canarias, la consulta catalana o la misma Ley de Función Social de la Vivienda”, ha concluido.

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