El coordinador provincial, Jorge Rodríguez, reclama al nuevo Gobierno de la Diputación que agilice la renovación de contratos de estos servicios, ya caducados, y garantice que se cumple el convenio laboral.

La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz se ha comprometido con CCOO a llevar a la Diputación de Cádiz y, si es necesario, a la Junta de Andalucía, la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores de los servicios de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia en la provincia, a la vista de las quejas de las plantillas de los reiterados incumplimientos de las empresas concesionarias.

Este compromiso ha surgido en el transcurso de un encuentro mantenido en Jerez con el secretario general y la responsable de Organización del sindicato Hábitat de Comisiones Obreras, Juan Benítez y Mar Polanco, respectivamente, para analizar la situación laboral en la que se presta esta ayuda derivada de la Ley de Dependencia en determinados puntos de la provincia de Cádiz.

De manera concreta, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez, se ha interesado especialmente por las condiciones laborales en las que se encuentran las trabajadoras de algunos municipios de la Sierra de Cádiz y de Barbate, donde ha habido quejas de la plantilla porque no se está cumpliendo el convenio, sobre todo en lo relativo a horarios y turnos de trabajo.

El dirigente provincial, que estuvo acompañado en el encuentro por la responsable de Acción Política de IU Cádiz, Ana Medina y el portavoz municipal en Jerez de La Confluencia IU-Ganemos Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, abordó asimismo con los responsables sindicales el estado en que se encuentran los convenios de la Diputación de Cádiz con las empresas concesionarias, ya caducados, incluso en el periodo de prórroga de convenio, por lo que ambas partes consideran imprescindible que la nueva presidenta provincial aborde esta situación lo antes posible. Rodríguez apuntó que trasladará este asunto al diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, para que se hagan las gestiones oportunas en la Diputación de cara a conocer el estado de la tramitación del nuevo contrato de desarrollo de la Ley de Dependencia en la provincia, así como para que se lleve a cabo la regularización de estos contratos, con un seguimiento que garantice que las empresas concesionarias cumplen con el convenio colectivo.  De igual forma, se planteará la posibilidad de crear un instrumento público y se rescate el servicio para gestionar el servicio a través de un ente público.

Afirma el coordinador provincial que “es intolerable que el desempeño de una labor fundamental para mayores y personas dependientes, y por supuesto, para las familias que están a su cargo, se esté desarrollando en una situación de casi precariedad en muchos casos, con despidos continuos, contratos parciales, trabajos muy feminizados, precarios y que provocan una desigualdad importante en la prestación del servicio”, por lo que entiende que “es fundamental que las instituciones garanticen que todo el trabajo que se desarrolla con cargo a fondos públicos sea desempeñado con todas las garantías laborales y en condiciones dignas de trabajo”.

Recuerda Rodríguez que en la provincia de Cádiz son miles las trabajadoras en la provincia que cuidan de nuestros mayores, de nuestros dependientes y se merecen una mejora en las condiciones laborales”. Añade el coordinador que, “en la provincia de Cádiz son cuatro o cinco municipios los que gestionan este servicio de forma pública directa y en los que gobierna IU en la mayoría, ofreciendo condiciones laborales mucho mejores que aquellos que tienen el servicio privatizado”.

Los responsables de Hábitat, por su parte, recordaron que el convenio que regula el sector acaba de ser aprobado y publicado en BOJA por la Junta de Andalucía y es de obligado cumplimiento.