Hoy, en el Pleno de la Diputación de Granada se ha sometido a votación una moción crucial presentada por el grupo provincial de Izquierda Unida para regular las viviendas turísticas en la provincia de Granada. Esta moción tiene como objetivo proteger el derecho a una vivienda digna y combatir la especulación inmobiliaria, aspectos fundamentales que la Constitución reconoce y que deben ser garantizados por los poderes públicos.

La proliferación de pisos turísticos y el aumento constante de los precios de las viviendas, tanto para alquiler como para compra, han generado graves problemas de convivencia en los vecindarios y han incrementado la necesidad de una regulación estricta. Es imperativo limitar al máximo estos alquileres y realizar inspecciones rigurosas para erradicar los pisos turísticos ilegales, que afectan negativamente la recaudación pública y crean competencia desleal con los establecimientos legalizados. La implementación de un impuesto turístico a las pernoctaciones también es urgente para distribuir la riqueza generada por el turismo y para financiar el aumento de los servicios públicos que deben enfrentar los municipios.

Izquierda Unida expresa su profunda preocupación por la situación alarmante de la vivienda en Granada. En los últimos cinco años, el precio del alquiler ha aumentado en más de un 35%, forzando a muchas familias a abandonar sus hogares, especialmente en áreas históricas como el Albaicín y el centro de la ciudad. Este incremento desmesurado está expulsando a jóvenes y familias con menos recursos económicos, transformando nuestros barrios en parques temáticos desiertos.

La moción de Izquierda Unida denuncia la inacción de los gobiernos del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Granada y en la Junta de Andalucía, que han permitido que los especuladores inmobiliarios continúen acumulando viviendas a costa del derecho de los ciudadanos a una vivienda digna.

Además, el PP en el Ayuntamiento pretende transformar locales comerciales en mini viviendas para uso turístico, mientras el gobierno del PP en Andalucía no está cumpliendo con la ley de vivienda para garantizar un uso social de estas propiedades.

Para abordar estos problemas, la moción incluye: Incentivar al Ayuntamiento de Granada para que presione a la Junta de Andalucía a declarar la ciudad como zona tensionada, impidiendo la emisión de nuevas licencias de viviendas destinadas al alquiler turístico; garantizar que las promociones de viviendas estén estrictamente vinculadas al uso residencial; fomentar el pequeño comercio y revitalizar los barrios, limitando el uso de locales comerciales como alojamientos turísticos; aplicar un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las viviendas vacías para incentivar su uso y destinar los fondos recaudados a programas de alquiler protegido, alquiler social y promoción de vivienda pública; destinar los fondos recaudados con el impuesto turístico a la recuperación del patrimonio urbano, mejora de los servicios públicos y lucha contra la precariedad laboral en el sector turístico; y por último, establecer una moratoria en la emisión de nuevas licencias de habitabilidad para grandes tenedores con fines turísticos, priorizando el uso de estas viviendas para el alquiler protegido y el alquiler social.

La moción de Izquierda Unida, tal y como explica Mari Carmen Pérez coordinadora y Diputada provincial, “busca frenar la gentrificación y la especulación inmobiliaria, proteger a las comunidades locales y garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos de la provincia de Granada”.