En un país que conoce la maleta de cartón, la despedida en el puerto y el silencio del exilio, negar la regularización a quienes hoy sostienen nuestra economía sería un ejercicio de amnesia colectiva. España fue tierra de emigrantes antes de ser destino. Por eso, la decisión del Gobierno de avanzar en la regularización de miles de personas migrantes no es sólo una medida administrativa: es un acto de coherencia histórica y de justicia social.

Durante años, hemos tolerado una hipocresía estructural. Sabemos que miles de mujeres y hombres trabajan en nuestros campos, cuidan a nuestros mayores, limpian nuestros hogares y levantan nuestros edificios. Sabemos que pagan alquileres, consumen, contribuyen. Y, sin embargo, les negamos derechos básicos, condenándolos a la precariedad y al miedo permanente. ¿A quién beneficia esa sombra? No al Estado, que pierde cotizaciones; no a la sociedad, que normaliza la explotación; no a la democracia, que se debilita cuando acepta ciudadanos invisibles.

Regularizar no es “premiar la ilegalidad”, como repiten los racistas. Es reconocer una realidad que ya existe y gestionarla con responsabilidad. Es transformar economía sumergida en cotizaciones, vulnerabilidad en derechos y exclusión en integración. Es fortalecer el Estado del bienestar incorporando a quienes ya forman parte de él, aunque muchos prefieran no mirarlos.

Frente al ruido y al oportunismo político de la derecha y la extrema derecha conviene recordar que los derechos no son un juego. Ampliarlos no resta; multiplica. Una sociedad más inclusiva es una sociedad más segura, más próspera y más decente. La regularización no resolverá todos los desafíos migratorios, pero envía un mensaje claro: en España no sobra nadie que trabaje, cuide y contribuya.

La política, cuando es valiente, no se limita a administrar miedos: construye futuro. Y el futuro de este país pasa por reconocer, sin titubeos, que la dignidad no entiende de papeles.