Denuncia del impacto de las multinacionales españolas sobre las mujeres

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El Área de Paz y Solidaridad se suma a la celebración del 8-M y quiere poner de relieve que mientras exista una sola mujer en el mundo explotada doblemente, tanto por su condición de obrera como por ser mujer, todas las mujeres seguiremos estando consideradas y tratadas como esclavas del sistema capitalista.

Nuestra solidaridad con ellas y nuestra denuncia del “tratamiento” recibido por multinacionales españolas.

Desde el área proponemos la lectura del siguiente articulo de Erika González y Pedro Ramiro, investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Impactos de las multinacionales españolas sobre las mujeres

Las principales empresas transnacionales españolas, como no podía ser de otra manera, no escapan a esta lógica e igualmente obtienen grandes beneficios a costa de la explotación y la violación de los derechos fundamentales de las mujeres. Pueden citarse los casos de Inditex, Calvo y Telefónica, que han expandido sus negocios a muchos países a través del “modelo maquila”, así como el de Gas Natural Fenosa, cuyas operaciones han ocasionado graves impactos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres por la privatización de los servicios públicos.

El incremento año tras año de las ganancias Inditex, sin ir más lejos, ha sido debido a la ausencia de unas mínimas condiciones laborales en las fábricas de sus proveedores y subcontratas, cuando no directamente del trabajo esclavo de mujeres. En la India, por ejemplo, las empresas textiles que suministran sus productos a las marcas del grupo Inditex emplean a niñas y adolescentes sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas semanales a cambio de un salario de 0,88 euros al día. La firma AHA, uno de los proveedores en Brasil de la compañía presidida por Amancio Ortega, fue denunciada por el Ministerio de Trabajo de aquel país al descubrir dos talleres en los que inmigrantes indocumentadas bolivianas y peruanas operaban en unas condiciones análogas a la esclavitud: jornadas de 16 horas, sin autorización para salir a la calle y habitando en infraviviendas. Este patrón se repite en sus fábricas ubicadas en Marruecos, donde se han evidenciado abusos y violaciones de los derechos laborales más básicos.

En el ámbito del procesamiento de alimentos, Calvo reproduce un modelo muy similar. Desde que, hace una década, esta transnacional española instaló su planta procesadora de atún en El Salvador, sus actividades han ido acompañadas de continuas denuncias de sus trabajadoras por la violación de sus derechos laborales. Y es que la plantilla de la empresa está conformada, fundamentalmente, por mujeres que sufren una severa explotación: presencia de guardias armados en la fábrica, jornadas de duración excesiva, sin el pago de horas extras, intoxicaciones masivas y otros impactos a la salud, discriminación salarial, despidos por actividad sindical, chantaje y creación de un sindicato patronal bajo la tutela de la gerencia…

Todo ello se ha vuelto moneda de uso corriente para las trabajadoras de Calvo en la región centroamericana. Junto a esto, se ha producido una fuerte represión de las protestas. Uno de los últimos episodios tuvo lugar en 2011, cuando las mujeres se movilizaron para evitar la eliminación de un bono que utilizaban para cubrir los gastos escolares de sus hijos: directivos de la empresa amenazaron, agredieron y sancionaron a quienes se habían movilizado para defender sus derechos.

Con sus centros de atención telefónica (call-centers), Telefónica representa otro ejemplo de explotación laboral. En sitios como la provincia de Córdoba, Argentina, donde estas empresas están totalmente exentas del pago de impuestos sobre los ingresos, los call-centers se benefician no sólo de las exenciones fiscales, sino también del reducido coste salarial del personal contratado, fundamentalmente femenino. “Desde el punto de vista de la medicina laboral, los call-centers reúnen todos los males de la globalización”, sostienen diversas fuentes médicas: “El control permanente afecta a la salud, genera síntomas psicosomáticos como irritación, nerviosismo, erupciones en la piel, insomnio, problemas de relaciones interpersonales, gastritis, colitis, colon irritable, ataques de pánico, aumento de la presión arterial…”

La mercantilización de los servicios públicos, por otra parte, ha impactado fundamentalmente en las personas sobre las que recae el trabajo de cuidados y reproducción social: esto es, las mujeres. De esta forma, la privatización de la electricidad en Colombia y Nicaragua, con una gestión que ha pasado a manos de compañías como Gas Natural Fenosa, ha llevado a que en los barrios empobrecidos de muchas ciudades de estos dos países se multipliquen los cortes de suministro y el racionamiento de electricidad, los problemas de atención sanitaria, la falta de agua porque no hay energía para bombearla, la alteración del horario lectivo en colegios, institutos y universidades, etc. Todo ello obliga a las mujeres a tener más carga laboral en el hogar, más horas de trabajo voluntario en las comunidades y en actividades generadoras de ingresos, en detrimento de sus condiciones de salud, calidad de vida y tiempo libre.

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