Con Málaga denuncia la “grave situación” de las 14.600 personas dependientes en listas de espera para la prestación de servicios

Márquez: “Un total de 1.200 personas dependientes han fallecido en Málaga esperando en el último año”

El diputado provincial de Con Málaga, la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Juan Márquez, muestra su  "preocupación” y denuncia “la situación del desarrollo de la Ley de Dependencia en Málaga en general y en particular la falta de atención a las personas dependientes en listas de espera, exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía una rectificación integral en su política en la materia de derechos sociales”.

“Los datos son estremecedores, la lista de espera supera las 14.600 personas, 6.374 con el derecho reconocido pendiente a resolución –sumando 557 días de media de espera- y 8.372 personas pendiente a evaluación. Un total de 1.200 personas dependientes han fallecido en Málaga esperando en el último año”, recuerda Márquez.

“Esta es una tendencia histórica de los distintos gobiernos del Partido Popular en los últimos años que se han llevado por delante una decena de servicios públicos en general y asistenciales en particular”, incide el Diputado de Con Málaga.

Márquez señala que además “este año es en el que se han impulsado “planes de choque” o implementado sistemas para agilizar los trámites –fruto de las transferencias en el marco de los MRR- que no han logrado, ni mucho menos bajar las listas de espera y las muertes sin atención. Las respuestas a ello pueden estar en que en Málaga solo hay (y se mantiene para 2024) 70 profesionales para la evaluación. Una cifra de evaluadores con los que la ratio evaluador/a-dependiente sería de casi 210 personas dependientes por cada profesional”.

“En este apartado no nos podemos olvidar de las profesionales que garantizan la prestación de las políticas de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio así como el modelo de gestión (público o privado). El Gobierno Andaluz, que ha visto duplicado en los últimos años las transferencias estatales en materia de dependencia, no lo ha reflejado, entre otros, de un aumento sustancial en el precio/hora para el desarrollo del SAD. Las últimas actualizaciones han sido a todas luces insuficientes como le veníamos diciendo desde la oposición, los sindicatos, así como los Ayuntamientos y Diputaciones –no afines- que en última instancia ponen en marcha el servicio”.

Málaga, dentro de las CCAA con menos camas en relación a su población mayor, es la provincia que menos plazas residenciales tiene de toda España. “La Junta de Andalucía se comprometió en el verano de 2023 en aumentar –solo- en 2.000 plazas para toda Andalucía (unas 400 proporcionalmente les tocaría a Málaga), no solo hay que poner en cuestión la insuficiencia sino que a día de hoy ese incremento aún no se ha producido”, abunda Márquez.

“Un déficit sobre el que no se entiende, igual que es contradictorio que existan instalaciones municipales que con poca o nula inversión, ya que fueron impulsados a tal efecto, pueden ampliar la oferta de Plazas Residenciales, la política que está llevando la Diputación de Málaga en cuanto a sus dos residencias, esta es la ocupación, Residencia La Vega, 3 usuarios de 50 plazas, Residencia San Carlos, 22 usuarios de 50 plazas, total: 25 de 100 plazas, 75 plazas sin ocupar. Esta es política habitual del Partido Popular, Ir vaciando de contenido  centros, para acabar cerrándolos por “falta de actividad” forma parte del manual de actuación neoliberal junto el de apostar por la externalización de gran parte del servicio”, incide el diputado de Con Málaga.

De este modo, la formación solicitará entre otros que la Diputación Provincial de Málaga ponga a disposición todas las plazas vacantes en los centros de atención especializada provinciales de titularidad pública, hacer un mapeo de infraestructuras locales que pueden destinarse a uso Residencial con una inversión mínima, o elevar el precio/hora para el Servicio de Ayuda a Domicilio a los 20 €/hora estableciendo además incentivos para favorecer y hacer más factible la gestión directa del servicio a través de las administraciones públicas garantizándose un empleo digno y de calidad.