Izquierda Unida en Almería ha reaccionado con dureza al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que detalla cómo la Diputación habría amañado contratos durante años y cómo parte del dinero habría terminado pagando la hipoteca del expresidente Javier Aureliano García. Para la organización, lo más inquietante no es solo lo que revela la investigación, sino lo que deja al descubierto: “la normalización absoluta de estas prácticas dentro del Partido Popular almeriense”.

La coordinadora provincial de IU y candidata de Por Andalucía, María Jesús Amate, recuerda que hace apenas unos días el actual presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, aseguraba que habían revisado los expedientes requeridos por la UCO y que “no veían nada raro”.

“Si después de este informe Alcaina sigue sin ver nada extraño, solo hay dos opciones: o lo tienen tan interiorizado que ya no distinguen lo ilícito de lo cotidiano, o no está capacitado para ocupar un cargo público. Y ninguna de las dos es tranquilizadora”, afirma Amate.

La dirigente subraya que el nuevo informe no deja lugar a dudas: pagos en metálico, empresas pantalla, familiares actuando como intermediarios, sobrecostes millonarios y un circuito financiero diseñado para blanquear dinero procedente de adjudicaciones amañadas. “No hablamos de un malentendido administrativo. Hablamos de un sistema”, insiste.

Izquierda Unida destaca que el informe de la UCO recoge conversaciones en las que los implicados hablaban de “dar un pelotazo” aprovechando los temporales, igual que hicieron durante la pandemia con el contrato de mascarillas.

“Ese es el verdadero retrato del caso: cada emergencia, cada tragedia, cada momento crítico para la ciudadanía era visto como una oportunidad de negocio. Es difícil imaginar algo más obsceno”, lamenta Amate.

Desde la organización de izquierdas se denuncia que, pese a la gravedad del caso, siguen en sus puestos cargos públicos investigados, como el alcalde de Tíjola y diputado provincial, José Juan Martínez, cuya empresa familiar aparece vinculada a adjudicaciones bajo sospecha.

“Ya vivimos esta película con el exvicepresidente Fernando Giménez: años investigado, sin apartarlo del cargo, con acceso a información, expedientes y decisiones. Y ahora vamos por el mismo camino”, advierte Amate.

La organización reclama que se revise la situación de todos los cargos públicos investigados y que se apliquen medidas cautelares para evitar que se repita el escenario de los últimos años, donde, según IU, “la Diputación funcionaba como una puerta giratoria entre lo público y lo privado”.

Amate también critica la actitud del Partido Popular andaluz y del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, a quien acusa de “mirar hacia otro lado” pese a que los principales implicados pertenecen a su círculo más cercano.

“Cuando la corrupción salpica a otros, el PP exige dimisiones inmediatas. Cuando afecta a los suyos, todo son silencios, dudas y manos en los bolsillos. La vara de medir cambia según quién esté en el banquillo”, señala.

Para IU, la reacción del PP provincial, que sigue defendiendo la inocencia de los investigados, demuestra que la prioridad no es esclarecer los hechos, sino mantener el control político de la institución.

“La provincia de Almería no puede permitirse otra década de sombras. La ciudadanía merece instituciones limpias y responsables. Y esta vez, la verdad tiene que abrirse paso, caiga quien caiga”, concluye Amate.