La Mesa del Parlamento la remitirá al Gobierno en funciones este viernes
· TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

La Mesa del Parlamento ha admitido a trámite esta mañana la Proposición de Ley, que IU presentó ayer, para la reforma de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en la Comunidad que depende del Parlamento andaluz. Un texto “ambicioso”, en palabras del portavoz del Grupo parlamentario, Antonio Maíllo para quien la Ley supone “un marco extraordinario para la transparencia” en el control del dinero público.

Tal y como establece el reglamento del Parlamento, la Mesa ordenará el viernes la publicación de la Proposición de Ley y su remisión al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Si no hubiera pronunciamiento del Gobierno en funciones, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración.

Antonio Maíllo explicó ayer que se trata de la adaptación del reglamento de la Cámara de Cuentas a lo establecido por el Estatuto de Autonomía de 2007 en cuanto a que el órgano fiscalizador “no es un órgano técnico, como ha sido hasta ahora” sino que es un “órgano de control externo” que “actúa por delegación del Parlamento” y a la misma vez se trata de obligar a la Cámara de Cuentas a estar fiscalizada y sujeta a control externo.

El texto contempla que la Cámara de Cuentas pueda elaborar dictámenes en materia de lucha contra la corrupción. También se le otorga de capacidad para advertir y detectar nuevas formas y prácticas de corrupción política y administrativa.

Maíllo explicó que con esta Ley se modernizaría el trabajo de la Cámara en tanto pone el énfasis en la fiscalización de sistemas informáticos de gestión, de personal, de contratos, de tramitación y se introduce a quienes se financian mayoritariamente con fondos públicos aunque sean entidades privadas. Además contempla las privatizaciones y concesiones desde el inicio del procedimiento “para poder advertir de forma temprana los posibles riesgos”.

Así mismo obligaría a la Junta a acelerar la rendición de cuentas para que la cuenta general esté fiscalizada cuando se presente el nuevo presupuesto.

Planificación

El texto que ya cuenta con el visto bueno de la Mesa del Parlamento plantea la necesidad de planificar cuatrienalmente - una legislatura - y no de año en año como hasta ahora. De este modo, en una legislatura, se puede prever una visión más completa. El plan cuatrienal se desarrollaría en programas anuales de actuación pudiéndose incorporar a ellas las fiscalizaciones que se pidan por el Parlamento o por otros sujetos legitimados para instar a la fiscalización, por ejemplo el Gobierno, ayuntamientos o el Defensor del Pueblo.

En cualquier caso, dentro del Plan será la propia Cámara la que priorizase aunque el Parlamento debería ser quien aprobase ese plan cuatrienal. El objetivo para IU es que “se intente planificar una visión panorámica” del sector público andaluz y no sólo informar.

Redefinición de las relaciones con el Parlamento

Maíllo indicó ayer que la nueva Ley, en caso de ser aprobada por el Parlamento, plantearía una comisión específica de la Cámara como existen, entre otros  en los parlamentos de Cataluña y Galicia, o como ocurre con el Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados.

Los informes se podrán seguir presentando ante las comisiones sectoriales del Parlamento, como hasta ahora, pero determinados asuntos se tratarían en la comisión específica, que será una comisión no legislativa, al estilo de la de la RTVA. Este asunto debería ser recogido en el reglamento del propio Parlamento.

Por otro lado, el texto faculta a la Cámara de Cuentas para que haga mociones al Parlamento por iniciativa propia, como actualmente hace el Tribunal de Cuentas. De esta manera, cuando la Cámara detecte algo que debe cambiarse en el funcionamiento de la administración se lo comunicaría al Parlamento para que éste haga lo que considere pertinente.

Deber de información y colaboración

El texto crea la posibilidad de poner multas, retenciones y sanciones disciplinarias por no colaboración en casos, por ejemplo, de Ayuntamientos y Universidades que no rindan cuentas ante la Cámara.

La organización de la Cámara

La Proposición de Ley presentada por IU también propone una revisión del modelo organizativo de la Cámara que pasaría por la eliminación de la Vicepresidencia y el renombramiento de Presidencia como Consejero Mayor. Se pasaría de un sistema presidencialista a uno colegiado, reuniendo las competencias principales en el Pleno.

Participación ciudadana, transparencia y control de la propia cámara

El elemento de mayor novedad recae sobre la intención de abrir vías para la participación ciudadana en el control externo. Así se contempla la posibilidad de que los ciudadanos insten a la fiscalización a través del Defensor del Pueblo, la posibilidad de hacer propuestas y sugerencias al programa de actividades anual e incorpora a los órganos de participación existentes relacionados con los servicios públicos como por ejemplo los consejos escolares o los consejos de participación de salud en la fiscalización operativa de los mismos.