Unidas Podemos solicitará a Diputación la salida de España del Tratado sobre la Carta de la Energía y que se apueste por una transición energética justa que priorice a la ciudadanía

“Esta demanda ya ha sido apoyada por más de 400 organizaciones en todo el mundo, de las cuales 102 pertenecen al Estado español, más de 500 integrantes de la comunidad científica y el movimiento climático, y más de un millón de personas en toda Europa”

La confluencia de IU y Podemos solicitará a la Diputación Provincial que España salga del Tratado de la Carta Energética (TCE) por entender que este acuerdo multilateral firmado en 1994 “carece de avances en su modernización y ante la urgencia de desarrollar políticas públicas dirigidas a promover una transición energética justa, que priorice la protección de los intereses de la ciudadanía, las entidades locales y la sostenibilidad de nuestro planeta”.

El Tratado sobre la Carta de la Energía es un tratado multilateral de inversiones para el sector energético que fue ratificado por el Estado español en 1994, en un contexto en el que las necesidades energéticas eran completamente diferentes a las actuales y se priorizaban las inversiones en combustibles fósiles.

La portavoz de la formación, Maribel González, recuerda que “la demanda para salir del TCE ya ha sido apoyada por más de 400 organizaciones en todo el mundo -de las cuales 102 pertenecen al Estado español-, más de 500 integrantes de la comunidad científica y el movimiento climático, y más de un millón de personas en toda Europa”.

Hace dos años se inició un proceso de negociación para modernizar el TCE y alinearlo con el Acuerdo de París. Hasta la fecha, ya se han celebrado nueve rondas de negociación que no han dado ningún resultado para poner fin a la protección de los combustibles fósiles, eliminar el mecanismo de resolución de controversias ISDS e incorporar mecanismos de acción climática vinculantes. La propuesta de la UE se encuentra bloqueada y el proceso se ha alargado, una vez más, en 2022 sin una fecha de finalización.

La UE y España persiguen alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050, un objetivo indispensable para lograr los compromisos adoptados en 2015 bajo la firma del Acuerdo de París. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ha alertado, una vez más, sobre la necesidad de reducir las emisiones de GEI, que derivan principalmente de la quema de combustibles fósiles.

“Sin embargo, el TCE protege las inversiones realizadas en el sector de la energía, sobre todo aquellas relacionadas con los combustibles fósiles. Esto incluye las minas de carbón, los gasoductos, las refinerías o las centrales térmicas, entre otras. Sólo en Europa, la infraestructura fósil protegida por el Tratado asciende a 344.600 millones de euros”, señala la diputada de Unidas Podemos, Teresa Sánchez.

El TCE, a día de hoy, lo integran otros 52 países de Europa y Asia central, además de la Unión Europea (UE) en su conjunto y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Este tratado está teniendo un efecto inesperado en la soberanía de gran parte de los países signatarios: obstaculización de la transición energética, limitación del desarrollo de políticas sociales y endeudamiento de las arcas públicas de los Estados. Un hecho que ha motivado a cientos de organizaciones de la sociedad civil y a diversas administraciones públicas a solicitar al Gobierno de España la salida del Tratado de manera urgente.