Artículo de Francisco Javier Camacho. Publicado por Mundo Obrero

El Parque Nacional de Doñana declarado Reserva de la Biosfera en 1980 y reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO es un símbolo europeo e internacional.

 Pero siempre tuvo un problema grave, que no tienen otros espacios protegidos, se encuentra situado en una zona muy poblada que afecta a catorce municipios de tres provincias distintas: Huelva, Sevilla y Cádiz. La gran población que lo rodea, y por tanto la pluralidad de intereses de todo tipo, hacen que la tensión entre “desarrollo” y conservación sea aún más acusada.

 Estamos ante una referencia mundial de migraciones de aves -más de 300 especies- y de lucha por la biodiversidad con especies amenazadas como la del lince ibérico. Hablamos del humedal más importante de Europa, en el que conviven ecosistemas únicos y diversos. Pero le rodean arrozales, núcleos turísticos, miles de hectáreas de regadíos, intereses ganaderos, etc. Por todas estas circunstancias Doñana ha sido un ejemplo mundial de las dificultades objetivas de articular lo que se llama un desarrollo sostenible.

En Doñana hemos tenido que limitar los crecimientos urbanísticos y turísticos. Tuvimos que limitar con planes estatales y regionales las actividades ganaderas y agrícolas.

Después de siete años de debates interminables se aprobó el Plan de Regadíos Corona Norte. Un plan que regula y fija cuantas y cuáles son las hectáreas de frutos rojos que se pueden regar y cuantas plantaciones son ilegales y por tanto hay que clausurar de inmediato para que sobreviva Doñana. No sin tensiones sociales tras muchos años de mirar para otro lado ante la proliferación ilegal de plantaciones y extracciones de aguas. Paradójicamente un cultivo que previene la erosión y por tanto que ayuda a proteger este espacio de manera natural, como el viñedo, fue diezmado por la incongruencia de la Política Agraria Comunitaria.

Durante años este espacio ha sufrido también la presión de la opinión pública para construir una carretera que uniera Cádiz y Huelva a través del Parque Nacional o desdobles de carreteras ya existentes que finalmente fueron rechazados por insostenibles. La política irresponsable y de campanario del PP y del PSOE también han contribuido a ello, en esta historia de despropósitos.

Pero hubo algo que marcó un antes y un después en este pulso entre desarrollismo y conservación, en este equilibrio “inestable”, y que consiguió impulsar el concepto de “desarrollo sostenible” como alternativa. Un concepto ahora manoseado y manipulado, y al que se invoca, para justificar cualquier tropelía, pero que marcó en los años 90 la política en el entorno de Doñana. Y todo partió, justo es recordarlo, de la movilización contra el macro proyecto turístico de “Costa Doñana” que pretendía urbanizar kilómetros y kilómetros de playas de Doñana con la complicidad de la administración local y autonómica.

En el año 1988, Jacinto Pellón (Presidente de la Sociedad Estatal Expo 92), Francisco Palomino (cuñado de Felipe González) y Jesús Bores presentaron una denuncia por daños contra el honor, contra tres diputados de Izquierda Unida (Felipe Alcaraz, Luis Carlos Rejón y Diego Valderas) que les habían acusado directamente de tráfico de influencias y beneficio ilícito por la recalificación de terrenos a favor de la urbanización Costa Doñana.

En el año 1990 Salvador Echevarria, presidente la Sociedad Costa Doñana S.A. , a pesar de toda la polémica, presentaba su macro proyecto urbanístico en Almonte. Este proyecto contemplaba, con el apoyo total de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Almonte, excepto el de Izquierda Unida, la urbanización del frente occidental de playas (su ecosistema dunar único) del Parque Nacional de Doñana: 32.000 plazas hoteleras, 1000 chalets y 2.000 apartamentos.

El 18 de marzo de 1990, la Coordinadora Salvemos Doñana, conformada por más de 150 organizaciones (con organizaciones ecologistas de toda Europa) y en la que estaban Izquierda Unida y el Partido Comunista, conseguía movilizar a más de 10.000 personas en Matalascañas (Almonte) contrarias a este proyecto que podía acabar con esta Reserva de la Biosfera. No sólo porque se cargaba las Dunas del Asperillo, un ecosistema único, sino porque introducía una presión aun mayor sobre el acuífero 27 y consolidaba un modelo turístico salvaje. La movilización consiguió su objetivo al convertir un problema local en un asunto europeo, en un conflicto de repercusión internacional.

Posteriormente la Junta de Andalucía, debido a la presión popular, terminaría paralizando este proyecto -que había legalizado previamente en su Plan Director Territorial de Coordinación con una investigación de la fiscalía sobre falsedad de documentos públicos entre otras irregularidades- y que por ello tuvo que indemnizar a la empresa con una “ventajosa” permuta de terrenos, cerca de Mazagón.

La Junta acordó crear de inmediato la denominada “Comisión Internacional de Expertos de Doñana” que emitiría su dictamen sobre desarrollo sostenible en el año 1992. Se trataba de una victoria rotunda de la movilización popular y unitaria frente al desarrollismo, la especulación y las políticas insostenibles y depredadoras que ya estaban instaladas o instalándose en todo el litoral español y andaluz.

El manifiesto de Salvemos Doñana en aquella jornada histórica lo leería el historiador Ian Gibson y a la manifestación acudieron parlamentarios de Izquierda Unida de Andalucía y dirigentes como Julio Anguita.

Un grupo de 200 personas, entre los que se encontraban concejales del Ayuntamiento, increparon e insultaron a los manifestantes, y sólo la intervención de la policía consiguió impedir que se produjeran agresiones y altercados. El concejal de IU en Almonte, Manuel López Vega, militante del Partido Comunista, recibiría en forma anónima durante años amenazas de muerte y tuvo que soportar la presión de todo un pueblo al que se le había vendido este proyecto como sinónimo de desarrollo, riqueza y empleo. Los comunistas fueron bautizados de forma despectiva en Almonte por los que ahora se apuntan, cual conversos, a lo del desarrollo sostenible, como “el grupo de los pajaritos”.

Necesitamos recuperar aquel grito unitario de Salvemos Doñana si queremos parar a Gas Natural

Veintiséis años después nos enfrentamos a otra agresión similar a la de los 90 contra esta reserva de la Biosfera, contra este santuario europeo de la biodiversidad.

La empresa Gas Natural Fenosa, que desde hace 30 años explota el yacimiento gasístico del subsuelo de Doñana, pretende ahora ampliar su actividad en el Parque con una nueva actividad consistente en terminar de vaciar la actual bolsa de gas (le quedan 8.000 GWh) y posteriormente almacenar mediante inyección hasta 10.000 GWh. Se trataría de convertir el subsuelo de Doñana en un gigantesco almacén de gas que albergaría un tercio del total del gas almacenado en toda España. Nuevas tuberías, nuevos sondeos, nueva maquinaria, nuevas líneas eléctricas y una nueva actividad en una Reserva de la Biosfera como Doñana. Una actividad, como la inyección de gas en el subsuelo, que ha tenido que ser paralizada en las costas de Castellón.

La empresa ha utilizado una estrategia tramposa, desde el punto de vista jurídico, para implantar esta nueva actividad industrial en el Parque Nacional que ha contado con la connivencia de los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, y con la inestimable colaboración de Felipe González, que en algunos momentos compatibilizaba su condición de Consejero y accionista de Gas Natural con la de Presidente del Consejo de Participación de Doñana. Un caso claro de puertas giratorias y de los beneficios de estas prácticas para estas grandes empresas.

Felipe González fue Presidente del Consejo de Participación de Doñana hasta diciembre de 2012. Sorprendentemente el 29 de enero de 2013, un mes después, Gas Natural recibía la DIA favorable al proyecto “Marismas Oriental” ante la sorpresa de toda la comunidad científica, ya que este proyecto al estar en el corazón del Parque de Doñana es el único de los cuatro, en los que se ha cuarteado el proyecto, al que la Junta no se ha atrevido a otorgarle su Autorización Ambiental Integrada. Felipe González fue Consejero de Gas Natural hasta el año 2015 en el que dimitió…Ya había conseguido hacer su trabajo de “conseguidor” de alto standing.

Este descomunal proyecto (más de 200 millones de euros de inversión) utilizó en su tramitación, como decíamos antes, una estrategia tramposa, permitida por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, consistente en dividir el mismo en cuatro proyectos para así cuartear los impactos ambientales y minimizarlos. Algo que hemos denunciado en Bruselas, Izquierda Unida y todos los grupos ecologistas hace años.

Las obras de uno de los cuatro proyectos, que activaron todas las alarmas de los que queremos una Doñana libre de actividad industrial, el denominado Marismas Occidental, comenzaron en el mes de agosto de este año. Ester proyecto obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en 2010, en pleno gobierno de Zapatero. La Junta de Andalucía le otorgó la AAU (Autorización Ambiental Unificada) en este mismo año y se la renovó por dos años más (porque había caducado) en el año 2015. El Ministro Soria, el de los “papeles de Panamá” antes de irse, el 10 de marzo de 2016 le otorgó Autorización Sustantiva, el último requisito para poder comenzar las obras.

En la actualidad los cuatro proyectos cuentan con DIAs otorgados por el Gobierno de España y tres de ellos cuentan además con AAUs otorgadas por la Junta de Andalucía. Sólo el proyecto Marismas Oriental (en pleno corazón del Parque) no cuenta con esta autorización que otorga el gobierno regional.

El gobierno de la nación ha funcionado desde el primer momento como representante de la empresa en el territorio dando vía libre a las pretensiones de Gas Natural. Y la Junta de Andalucía, inmersa en un mar de ambigüedades e incoherencias, por una parte denunciaba ante Bruselas el cuarteado del proyecto y por otra otorgaba Autorizaciones individualizadas a tres de los cuatro proyectos o daba una prórroga al que había caducado administrativamente como decíamos antes.

Pero a estas alturas existen mas irregularidades si tenemos en cuenta que en las DIAs aprobadas la empresa se comprometían a presentar un estudio geológico de los proyectos que hasta la fecha no se han presentado. Algo importante si tenemos en cuenta que esta empresa ha intentado una actividad parecida, de almacenamiento de gas en una bolsa vacía de petróleo, con el proyecto el CASTOR, en aguas de Castellón, que ha tenido que ser paralizado porque nada más comenzar provocó una multitud de movimientos sísmicos. Tras la movilización de la población su paralización definitiva ha reportado, una indemnización de 1.350 millones de euros, aprobada por el Congreso en octubre de 2014, que han ido a parar a los inversores mayoritarios de Gas Natural Fenosa (Florentino Pérez , la familia March y Los Albertos).

Algunos pensamos que posiblemente en Doñana nos podamos enfrentar a un segundo caso CASTOR, de manera similar a lo que ocurrió también con Costa Doñana, en el que la marcha atrás o la paralización pueda significar la pretensión de cobrar indemnizaciones millonarias por parte de la empresa. Esta práctica de rapiña de las grandes multinacionales, con la complicidad de los gobiernos no es nueva.

Ante esta agresión que pone en riesgo la pervivencia de esta Reserva de la Biosfera para generaciones venideras con la connivencia de las administraciones –la historia se repite- sólo queda la movilización popular acompañada de nuestra oposición frontal en las instituciones. Se trata de generar un conflicto de dimensiones internacionales. Porque estamos en una batalla en el que nos va el presente y el futuro. Ante una energía fósil, como el gas, que debe pasar a mejor vida ante otras alternativas más limpias y sostenibles que deben terminar imponiéndose más temprano que tarde.

Tenemos la responsabilidad de trasladar a la población que el proyecto puede conllevar, como en el caso del Castor a pesar de todos los informes favorables, riesgos sísmicos. Tenemos la obligación de informar a la población de que la inyección de gas en el subsuelo (una versión de fraking) se hace sobre el acuífero 27 que alimenta a Doñana, y que ello conlleva un riesgo cierto de contaminación. Este acuífero suministra de agua potable a mucha población del entorno y se utiliza para regar miles de hectáreas de cultivos y por tanto su contaminación sería un verdadero desastre social, medioambiental y económico.

Pero también tenemos la responsabilidad de defender nuestra imagen turística que va ligada a la excelencia de un Parque Natural de Doñana que no puede quedar situado encima de un gigantesco depósito antinatural de Gas Natural.

Queda recuperar de manera unitaria la movilización popular sin protagonismos de nadie. Aquel grito legendario que supuso Salvemos Doñana, esta vez teniendo como aliados necesarios a la población del entorno, a los sindicatos, a las organizaciones ecologistas, sociales y culturales. Y a todos los ciudadanos del mundo que crean que una de las batallas más importantes de la inteligencia humana consiste precisamente en defender nuestro medioambiente, nuestro planeta, nuestro futuro…Se me antoja que la defensa de Doñana puede ser la madre de todas las batallas por lo que representa este espacio natural como símbolo universal de la lucha por equilibrar el desarrollo/desarrollismo con el respeto escrupuloso al medioambiente y la biodiversidad.

El devenir del planeta no puede seguir marcándolo los intereses de las multinacionales con la complicidad de los gobiernos. Unos gobiernos por otra parte que son fuertes con los débiles pero demasiado débiles con los fuertes….no podemos consentirlo ni permitirnos ese lujo.

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