Adelante solicitará en Diputación que se agilicen los procedimientos para la prestación del Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de llegar al máximo de unidades familiares beneficiarias

Sánchez: “La  implicación de comunidades autónomas, diputaciones y entidades locales en el despliegue de esta política persigue consolidar la necesaria implicación de todas las instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio”

González: “La pandemia ha desembocado en una profunda crisis social, que afecta especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad”

El Grupo Provincial de Adelante solicitará en Diputación que se “agilicen” los procedimientos para la prestación del Ingreso Mínimo Vital y que se “informe, contacte e identifique a las personas que cumplan los requisitos para ser beneficiarias del mismo y detallarles los pasos a seguir en el proceso de solicitud, todo protocolizado desde las áreas de Servicios Sociales e Igualdad”, del mismo modo reclama un “necesario refuerzo de personal para la puesta en marcha de estas actuaciones”.

La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, señala que “desde el Grupo Provincial, ante el inicio del procedimiento el día 15 de junio, consideramos necesario y de gran importancia  que desde la Diputación se llegue al máximo número de unidades familiares que cumplan los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital, promoviendo la satisfacción de necesidades materiales mínimas, así como la facilitación de información veraz y fiable sobre el procedimiento para el acceso al ingreso mínimo vital, como ya están haciendo desde Ayuntamientos de la provincia”.

La situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19, “exigen la puesta en marcha con carácter urgente de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Más allá del impacto directo sobre la actividad económica, la pandemia ha desembocado en una profunda crisis social, que afecta especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad”, incide la diputada provincial de Adelante, Maribel González.

“La  implicación de comunidades autónomas, diputaciones y entidades locales en el despliegue de esta política persigue consolidar la necesaria implicación de todas las instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio,”, apostilla Sánchez.

Los datos expuestos por el relator de Naciones Unidas en su visita a España en febrero de 2020 arrojaban datos preocupantes, entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%”. El experto en derechos humanos añadía en su informe  que “la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron”.

Estas declaraciones se traducen en cifras de la siguiente manera: En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la U.E, y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años.

Por otra parte, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales informaban en rueda de prensa al inicio de la pandemia de que “los Servicios Sociales atenderán en España a 10 millones de personas vulnerables. Hay que reconfigurar los Servicios Sociales como Servicios Esenciales. Para evitar el sufrimiento de las personas vulnerables es preciso prestaciones y servicios por derecho, que eviten riesgos sociales y la quiebra de la cohesión social”.

Se hace realidad  el Ingreso Mínimo Vital según Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que se articula a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia, como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. “La prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad”, explica Sánchez.