La Comisión de Igualdad y Políticas Sociales ha aprobado en la mañana de hoy una PNL de IU Andalucía a través de la cual el Parlamento solicita a la Consejo de Gobierno a explicar los pasos a seguir para sufragar los gastos de la asistencia jurídica en casos de violencia de género como el de Juana Rivas así como la personación de la Junta de Andalucía en dichos juicios.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IU Andalucía Elena Cortés ha valorado positivamente los acuerdos y espera, según ha indicado, que se materialicen en la próxima comisión. Durante su intervención en la Comisión, Cortés ha alertado de la reclamación por parte de los abogados de Rivas, que han solicitado la "intervención del Parlamento ante una situación de desprotección de dos menores andaluces frente una realidad de violencia de género".  “A pesar de la legislación y de lo solicitado por sus abogados –ha criticado Cortés-, a día de hoy no se tiene constancia de que en Italia se haya abierto procedimiento alguno, lo que deja en absoluta indefensión a los menores andaluces que actualmente se encuentran en Italia".

Cortés ha apuntado que el  Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados establece en su medida 152 “estudiar las modificaciones necesarias para otorgar protección a las víctimas que se encuentren incursas en situaciones de sustracción internacional de menores cuyo origen sea una situación de violencia”. Por tanto, IU Andalucía espera que los cambios necesarios lleguen "de forma inmediata”.

La portavoz parlamentaria de IU Andalucía ha asegurado que la ley contra la Violencia de Género de Andalucía permite la personación de la Junta de Andalucía en los casos de violencia de género. En ese sentido, ha indicado que en referencia a este caso también se ha manifestado el Grupo de Trabajo contra la Violencia de Género de la IX Legislatura, pronunciándose a favor de instar del Gobierno de España a aplicar medidas para proteger a las víctimas y a sus hijos en el transcurso del procedimiento judicial, incluyendo la pérdida automática de la patria potestad del agresor, así como la aplicación íntegra del Convenio de Estambul. "Mientras esperamos que el Ejecutivo y el Legislativo hagan su tarea, el Gobierno Andaluz puede tomar medidas inmediatas que eviten esta situación de desprotección de dos menores andaluces", ha asegurado Cortés.