La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, tras conocer la sentencia del TSJA que anula la Zona de Bajas Emisiones ha urgido al equipo de Gobierno del PP a no recurrirla y a modificar de inmediato una ordenanza que, “castiga a las familias trabajadoras” y se ha aplicado sin aparcamientos disuasorios ni una red de transporte público eficaz. Asimismo, Morillas reclama suspender el régimen sancionador y abordar una reforma “planificada, justa y participada”.

Morillas manifestado en la mañana de hoy que “desde nuestro grupo lo dijimos desde el principio. Este planteamiento que el equipo de Gobierno había hecho sobre la Zona de Bajas Emisiones era una chapuza y cargaba las tintas sobre las familias trabajadoras, sobre todas esas personas que han tenido que marcharse de Málaga, pero que tienen que venir y desplazarse a diario a trabajar a esta ciudad desde otros municipios de la provincia”.

La edil ha señalado que lo que ha puesto en marcha el Partido Popular “era una Zona de Bajas Emisiones que no respondía a criterios de equidad social y que además se ponía en marcha sin haber abordado, de una manera planificada, las responsabilidades y los deberes que tenía que haber acometido este Ayuntamiento en materia de movilidad sostenible. Se ha puesto en marcha la Zona de Bajas Emisiones sin que haya aparcamientos disuasorios, sin que haya una red de transporte público colectivo que realmente sea una alternativa eficaz para el uso del vehículo privado”.

“Por tanto, nosotras planteamos en primer lugar que el Ayuntamiento no recurra a la sentencia, no pierda más tiempo y, de manera inmediata, empiece a modificar la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones aplicándole criterios de equidad y de justicia social, y abordando cuestiones que son perentorias, es decir, no puede aplicarse un régimen sancionador sin que se hayan puesto en marcha aparcamientos disuasorios y medidas de movilidad sostenible que permitan que haya alternativas reales al vehículo privado”.

En segundo lugar, Morillas ha planteado también “que suspenda el régimen sancionador porque podría estar generando una situación de inseguridad jurídica y exponiendo al propio Ayuntamiento a que lluevan las demandas y las reclamaciones por parte de personas que hayan sido sancionadas durante este periodo”.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha subrayado que “nos parece que es imprescindible bajar las emisiones, nos parece que es imprescindible adoptar medidas valientes que reduzcan el uso del vehículo privado y la emisión de gases contaminantes, pero nos parece que esto debe de hacerse, no de manera improvisada, sino de una manera planificada que realmente permita poner en marcha medidas de movilidad sostenible”.

Morillas ha incidido en que “tal y como hemos hecho en otras ocasiones y lamentablemente nos hemos encontrado siempre la oposición por parte del equipo de Gobierno, hay algunas cuestiones como ¿por qué no se le plantean restricciones a los vehículos de alta gama y de alta cilindrada que son los más contaminantes, y sin embargo se le cargan las tintas a los vehículos de menos coste, que son los que usan mayoritariamente los trabajadores y las trabajadoras?. O también cuestiones que tienen que ver con la inclusión del campus universitario de El Ejido en la Zona de Bajas Emisiones, que, como sabemos, ha generado un grave perjuicio a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores de la Universidad”.

“Es necesario que todas esas cuestiones se resuelvan y se hagan mediante una modificación urgente, de manera participada, de manera dialogada, de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones. Se supone que su propósito es mitigar los efectos del cambio climático pero parece que este Ayuntamiento la ha puesto en marcha con un mero afán recaudatorio”, ha denunciado.

Por último, Morillas ha incidido en la urgencia de que los aparcamientos disuasorios, la red de transporte público colectivo, de caminos peatonales seguros… se pongan en marcha con la mayor celeridad por parte del Ayuntamiento de Málaga y que, entre tanto, no se pueden aplicar ni sanciones ni políticas restrictivas porque, al final, eso es seguir cargando contra los trabajadores y las trabajadoras la aplicación de esta normativa”.