La Red de Educación de IU Andalucía reclama a la Consejería de Educación que supervise el funcionamiento de los centros educativos concertados sostenidos con fondos públicos para detectar el cobro indebido de cuotas “voluntarias” ilegales.

La gratuidad de la enseñanza impartida por los centros sostenidos con fondos públicos se establece en el artículo 88 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, se recalca que en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias del alumnado.

En segundo lugar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario. Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos, y no podrán formar parte del horario escolar del centro. Es decir, que las únicas cuotas que se permiten por ley cobrar a las familias son aquellas destinadas a la financiación de actividades extraescolares y servicios escolares. Esto viene regulado en los centros concertados mediante el Real Decreto 1694/1995, de 20 octubre, por el que se regulan las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios de los centros concertados, y en los centros públicos andaluces a través de Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, que regulan estas percepciones económicas en centros educativos públicos de nuestra comunidad.

Pero a pesar de esta completísima regulación legal, con frecuencia llegan a la Administración Educativa denuncias relativas al cobro de cuotas supuestamente “voluntarias” por parte de centros educativos concertados. Estas cuotas se enmascaran bajo el epígrafe ya mencionado de la voluntariedad de la misma y su objeto no es la financiación de actividades extraescolares, sino conceptos tan dispersos tales como “mantenimiento de plataformas propias de información a las familias”, servicios de logopedia, ayudas a la realización de determinadas actividades en horario escolar, e incluso pago de servicios en material fungible: fotocopias, materiales del aula, cuadernos y bolígrafos, etc. A pesar de la supuesta voluntariedad de estas cuotas, es frecuente que las familias denunciantes refieran presiones por parte de los centros para que realicen estos pagos, aduciendo que si se niegan sus hijos e hijas se sentirán discriminados.

Este problema es un secreto a voces en grupos de padres y madres. La escasez de denuncias ante la Inspección Educativa es palmaria, limitándose a unas pocas cada año. Da la sensación de que existe un pacto de silencio entre las familias, que prefieren callar y pagar las cuotas y recibos “voluntarios”, al objeto de preservar la tranquilidad de sus hijos en estos centros y evitar que sean señalados.

¿Qué es lo que están buscando las empresas educativas privadas con estas actitudes? En primer lugar, se utiliza un argumento totalmente desmontable, que achaca a la Administración Pública Educativa cierta tacañería a la hora de sostener con fondos públicos la enseñanza concertada. Esto es totalmente FALSO, ya que los módulos de concierto educativo son aprobados con una más que suficiente cantidad económica para el funcionamiento de los centros, al objeto de que puedan ofrecer una verdadera enseñanza GRATUITA. No es cierta pues esa afirmación que a veces dan a las familias sobre “La poca financiación que tienen desde la Administración”, ya que precisamente son partidas presupuestarias garantizadas desde los organismos responsables de la gestión económica de la Consejería de Educación y Deporte en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Detrás de este problema subyacen más bien maniobras para preservar cierta selección económica del alumnado que accede a este tipo de centros. Está claro que una enseñanza que precise de aportaciones económicas por parte de las familias trae como consecuencia que quienes no pueden permitirse ese desembolso económico, rehúsen escolarizar a sus hijos en estos centros. Se está produciendo pues una selección natural basada en criterios puramente monetarios, lo cual es totalmente contrario a nuestro modelo educativo. Siguiendo lo recogido en la reciente respuesta dada por el gobierno a la pregunta realizada por el diputado de Unidas Podemos al Congreso, Joan Mena, “Corresponde a las Administraciones educativas supervisar el cumplimiento por los centros educativos de este artículo y establecer medidas para que la situación socioeconómica del alumnado no suponga una barrera para el acceso a las actividades complementarias y los servicios escolares. “ Y recalca que “El Gobierno protege la universalidad de acceso al Derecho Fundamental a la Educación y su carácter prestacional a través del establecimiento del mínimo común denominador en todo el territorio nacional que supone la legislación básica, y en este aspecto concreto, mediante las garantías de gratuidad incorporadas de forma expresa por el ya citado artículo 88 de la LOE y la prohibición de cualquier discriminación por motivos socioeconómicos.”

Ante esta situación, es necesario que la Consejería de Educación y Deporte intensifique la supervisión del funcionamiento de los centros concertados, y que busque detectar el cobro indebido de cantidades de dinero a las familias. La enseñanza concertada está destinada a satisfacer necesidades de escolarización en determinadas zonas educativas, de forma que supongan un apoyo a la educación pública. Ni es una enseñanza para familias pudientes ni debe buscar financiaciones externas y poco controladas.

Es hora de acabar con el cobro de cuotas voluntarias a las familias por parte de centros concertados y de avanzar en el logro de una educación gratuita y de calidad, al alcance de todas las familias andaluzas.