El miércoles desahuciaron a Maricarmen. 87 años, en silla de ruedas, llevaba 70 viviendo en la misma casa y, después de cinco años luchando, un fondo de inversión ha conseguido echarla de su hogar.

Y esto debería hacernos una pregunta incómoda: ¿qué clase de Estado permite que una anciana termine en la calle mientras los fondos de inversión pueden decidir quién puede seguir viviendo en su propia casa?

Lo de Maricarmen no es una excepción. Es el ejemplo más visible de un fracaso que tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. En nuestros barrios hay personas mayores, jóvenes, familias trabajadoras… que viven pendientes de una subida del alquiler, de una carta del banco o de una orden de desahucio. Personas que no aparecen en los grandes titulares hasta que ya es demasiado tarde.

Mientras Maricarmen perdía su casa, no veíamos esas banderas de España que tan a menudo levantan los patriotas para reivindicar una supuesta y falaz “prioridad nacional”.

Quizás porque proteger a una anciana de 87 años frente a la especulación inmobiliaria no es defender la patria que ellos anhelan pero sí lo es señalar al migrante, al pobre o al que no tiene nada. Quizá porque es más fácil fabricar odio que garantizar derechos.

Pero si de verdad habláramos de esa prioridad, deberíamos empezar por lo básico: que nadie pueda ser echado de su casa. Que fondos de inversión extranjeros no puedan dedicarse a comprar bloques enteros para especular con un bien básico como es la vivienda. Que se prohíban los pisos turísticos y se pongan límites a los alquileres. Así de fácil. Y sí, todo esto, se hace a través de la política. Una política valiente y firme.

Porque una patria no se defiende agitando una bandera. Se defiende abriendo los brazos, protegiendo y ampliando derechos para quienes más lo necesitan. Para que de verdad nadie se quede atrás.