La Junta se posiciona contra la liberalización de los horarios comerciales

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El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, de IU, ha anunciado que su departamento estudiará la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley que está elaborando el Gobierno central sobre liberalización de horarios comerciales, en el caso de que se materialice en los términos en los que está planteado en estos momentos.

 

La norma redactada por el gobierno central invade competencias exclusivas incluidas en
el Estatuto de Autonomía de Andalucía en materia de regulación comercial y pasa por alto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya ha dictado una sentencia en la que declara nulo un artículo de un Real Decreto-Ley del 2000 sobre horarios de apertura. La propuesta del Ejecutivo central recoge un incremento del número de horas de apertura semanal en días laborables de 72 a 90 y de los domingos y festivos autorizados de ocho a 16, pudiendo reducirse la cifra hasta un mínimo de diez. Además, recoge nuevos requisitos para declarar Zonas de Gran Afluencia Turística a afectos de horarios, que en el caso andaluz afectarían a las ciudades de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

 

La vigente Ley de Comercio Interior de Andalucía ya fija un régimen de libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia y los establecimientos de estaciones y aeropuertos. También dispensa de la restricción determinados periodos de las zonas declaradas de gran afluencia turística, una figura que está en vigor en 24 municipios andaluces.

 

Por lo tanto el Gobierno central no está inventando nada nuevo y es mentira que quieran
beneficiar al turismo y al comercio, ya que la experiencia en los sitios en los que se ha

implantado la liberalización total es que no aumentan las ventas.

 

El propio el Ejecutivo nacional reconoce que estas medidas no incrementan el consumo y lo que hace el Real Decreto-Ley es meter la mano en la cartera de los pequeños comercios para buscar una redistribución de las rentas en favor de la multinacionales, cuando lo que hay que hacer es apoyar a las pymes con iniciativas para facilitar el crédito, la promoción y la comercialización.

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